EE.UU. inició una ofensiva para revocar la ciudadanía de al menos 12 personas naturalizadas, según La Nación que cita a CBS News y documentos del Departamento de Justicia (DOJ).
¿Qué anunció el gobierno y a quiénes apunta?
Lo que se sabe hasta ahora: el DOJ introdujo un mínimo de 12 casos en cortes federales, y los expedientes mencionan a personas nacidas en India, Nigeria, Bolivia, China, Colombia y Uzbekistán, entre otros, según La Nación y CBS News. El fiscal general interino Todd Blanche dijo que la medida busca desincentivar el fraude en la naturalización y castigar a quienes ocultaron información o cometieron delitos graves, según la entrevista citada por CBS News. En un comunicado del DOJ del 26 de marzo de 2026 el Departamento detalló casos concretos, como personas condenadas por fraude a programas públicos o por delitos sexuales, y denuncias de vínculos con redes de contrabando y apoyo a organizaciones terroristas. De acuerdo con esos documentos, la revocación implica que, si un juez falla a favor del gobierno, la persona pierde la ciudadanía y vuelve a su estatus previo, con posibilidad de deportación (DOJ; La Nación/CBS News). Este paquete de casos es notable, tanto por la variedad de perfiles como por el volumen inicial reportado.
¿Cómo funciona el proceso de desnaturalización?
Para ubicarse: la desnaturalización es una herramienta judicial que usa el gobierno federal para anular una naturalización si se demuestra que fue obtenida por fraude o que el naturalizado cometió ciertos delitos graves antes o después de jurar lealtad. Históricamente la herramienta fue poco usada: entre 1990 y 2017 el gobierno presentó 300 casos, lo que equivale a un promedio de 11 por año, según CBS News; el hecho de que ahora se reporten al menos 12 casos de una sola vez sugiere un cambio en la periodicidad de las presentaciones. El procedimiento se inicia con demandas del DOJ en cortes federales; si el juez falla a favor del gobierno, la persona pierde la ciudadanía y generalmente recupera su condición de residente permanente, quedando expuesta a procesos de deportación si hay cargos penales pendientes (DOJ; CBS News). Observamos que el cambio no afecta automáticamente a todos los naturalizados: depende de pruebas, decisiones judiciales y recursos disponibles para la defensa.
¿Por qué debería importarnos en Argentina?
Vemos tres motivos claros. Primero, el tamaño: según el Censo de EE.UU. 2020 hay aproximadamente 23 millones de ciudadanos naturalizados en ese país, cerca del 7% de la población total (base: población total de EE.UU., Censo 2020). Ese volumen hace que cualquier intensificación del uso de desnaturalización tenga potencial impacto político y diplomático. Segundo, precedentes: cambios en la práctica judicial o administrativa en Estados Unidos sirven de referencia para gobiernos y tribunales extranjeros; la mayor aplicación de esta herramienta puede alterar cómo se protege la ciudadanía en otras latitudes. Tercero, hay vínculos humanos y económicos: familias, remesas y movilidad laboral que conectan a Argentina con comunidades en EE.UU. pueden verse afectadas indirectamente si aumenta la inseguridad jurídica sobre estatus migratorios. Hasta ahora La Nación y CBS News no identifican a ciudadanos argentinos entre los casos reportados, y adoptamos postura prudente: informamos los hechos confirmados por esas fuentes y por comunicados del DOJ, sin especular sobre ampliaciones no documentadas.
En resumen, lo que cambia hoy es el ritmo y la visibilidad de una herramienta legal que existía desde hace décadas. Seguiremos informando con fuentes oficiales: La Nación y CBS News han sido las que difundieron los expedientes y el comunicado del DOJ, y es allí donde se documentan las cifras iniciales (12 casos; 300 casos entre 1990-2017). Para los afectados, la variable determinante seguirá siendo la decisión judicial; para observadores y gobiernos, la clave será ver si esto se mantiene como una política sostenida o si se trata de una ofensiva puntual.
