Un abogado con matrícula suspendida amenazó de muerte a la jueza del Trabajo N.º 14, Silvia Garzini, y la Gendarmería Nacional le asignó custodia permanente en los tribunales, según informó La Nación el 12 de marzo de 2026. La amenaza fue formulada a través de estados de WhatsApp que relacionaban a la magistrada con expresiones explícitas de violencia y fuego; la Cámara Laboral tomó conocimiento del hecho y las autoridades del Colegio Público habían suspendido la matrícula del letrado el 6 de febrero de 2026.

Qué ocurrió y cuáles son los datos procesales

El hecho se produjo el 12 de marzo de 2026, cuando se difundieron capturas de estados de WhatsApp atribuidos al abogado Pablo Ibalo que contenían amenazas directas contra la jueza Silvia Beatriz Garzini, titular del Juzgado de Trabajo N.º 14, que ocupa ese cargo desde hace 18 años, según La Nación. La matrícula del letrado fue suspendida por el tribunal de disciplina del Colegio Público de la Abogacía desde el 6 de febrero de 2026 hasta el 5 de febrero de 2027, es decir, por un plazo de un año, de acuerdo con la misma fuente. La suspensión precedió las amenazas por aproximadamente 34 días (del 6/2/2026 al 12/3/2026), un dato relevante para la investigación sobre la cronología de los hechos.

¿Qué medidas se adoptaron y qué puede pasar?

Tras la denuncia, la Cámara del Trabajo y la Gendarmería Nacional intervinieron y se dispuso una custodia permanente para la jueza dentro de los tribunales, según fuentes judiciales citadas por La Nación. En el plano disciplinario, el Colegio Público ya había adoptado la medida preventiva de suspensión de matrícula por un año; desde allí pueden pedir la máxima sanción en sede administrativa, incluida la expulsión, si así lo determina el tribunal de disciplina. En el plano penal, las amenazas de muerte configuran una conducta que puede dar lugar a investigación por el fuero penal ordinario y a medidas cautelares contra el imputado, sin perjuicio de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia mientras duren las diligencias.

Impacto institucional y contexto territorial

La gravedad es institucional: una magistrada con 18 años en el cargo recibió amenazas explícitas en plena labor judicial y la reacción del colectivo fue de repudio público, con la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo pidiendo sanciones administrativas y posibles acciones penales, según La Nación. El episodio ocurre en un marco de tensión: en paralelo se reportaron afiches contra otra magistrada de la Cámara del Trabajo y una huelga prolongada de empleados judiciales por el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad, lo que añade una dimensión territorial y política al conflicto. Nuestro deber informativo es describir las medidas adoptadas y las vías procesales que siguen abiertas, no atribuir móviles sin pruebas. Las causas penales y disciplinarias deberán documentar la autoría y el nexo causal; mientras tanto, la prioridad es la protección de la magistrada y la preservación de pruebas.

Qué conviene esperar y cómo debe actuar la prensa

En las próximas etapas la investigación penal y el expediente disciplinario definirán si la conducta del letrado configura delitos o sanciones administrativas mayores. La prensa debe limitarse a informar hechos verificables: fechas (6/2/2026, 12/3/2026), medidas (suspensión de matrícula por 1 año, custodia permanente) y actuaciones de las instituciones —todo con atribución clara a la fuente— y evitar la difusión de material que pueda entorpecer la pesquisa o exponer a la víctima. Reiteramos: no es responsabile especular sobre móviles ni publicar comunicaciones no autorizadas de la víctima. Los mecanismos institucionales están activados; corresponde ahora que la investigación avance con celeridad pero dentro de los marcos procesales que garantizan derechos y seguridad.