La causa que investiga los vuelos privados en los que viajó el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó una factura fechada el 9 de marzo que, según fuentes periodísticas, fue emitida por un broker a nombre del periodista Marcelo Grandio y ya quedó incorporada al expediente.

¿Qué prueba sumó la causa?

El nuevo documento, difundido por A24 y referenciado por La Nación, está fechado el 9 de marzo y tiene en el concepto la referencia “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO”; el importe informado fue de alrededor de 3.000 dólares, aproximadamente 1.830 dólares menos que la factura de ida publicada anteriormente (4.830 dólares, según La Nación). En el expediente ya constaba otra factura fechada el 9 de febrero por 42.250 dólares, atribuida a un paquete de 10 vuelos adquirido a Alpha Centauri y vinculada por el medio al broker Agustín Issin. Issin, de 46 años según La Nación, declaró ante ese medio que la factura está en poder de la Justicia y que él actuó como broker mediante la firma Jag Aviation. El juez federal Ariel Lijo pidió además registros de ANAC y de las cámaras del aeropuerto de San Fernando, y advirtió que algunos sistemas privados no almacenan imágenes más de 30 días.

¿Qué dicen los involucrados y qué falta verificar?

Marcelo Grandio, según las notas publicadas, dio versiones distintas sobre quién pagó los vuelos: primero atribuyó el pago a Adorni, luego dijo que cada uno pagó su parte y finalmente afirmó que el funcionario pagó con fondos públicos; hasta ahora no presentó documentación que respalde esas declaraciones en la causa. Manuel Adorni sostuvo en una entrevista que se trató de dinero familiar gastado en vacaciones, pero tampoco exhibió facturas o transferencias. Issin declaró ante La Nación que facturó reservas a nombre de Grandio y que Alpha Centauri fue la empresa operadora del avión. En términos probatorios la causa necesita ahora comprobantes de transferencia bancaria, acreditaciones de CUIT y contratos entre las firmas involucradas para establecer la cadena de pagos y determinar, en su caso, si existió financiación por interpuesta persona.

¿Qué puede implicar judicialmente y políticamente?

Desde el punto de vista penal, la nota publicada recuerda el tipo penal que alude al cohecho cuando alguien, por sí o por persona interpuesta, recibe dinero o dádivas para influir sobre un funcionario; sin embargo, la tipificación depende de acreditar entrega, finalidad y vínculo de dependencia funcional. En lo político, la difusión de nuevas pruebas llega en un contexto de baja de confianza en el gobierno: una medición reciente interna del medio señalaba que la confianza en el gobierno cayó por cuarto mes y quedó en 2,30 puntos, según nuestra cobertura. La distinción entre hechos judiciales y consecuencias políticas es relevante: la primera requiere prueba documental y trazabilidad de pagos; la segunda opera por percepción pública y puede medirse en encuestas y comportamiento parlamentario.

¿Qué sigue en el expediente y qué reclamamos como medio?

El juzgado solicitó registros a ANAC y a las empresas privadas del aeropuerto de San Fernando, además de las facturas ya presentadas por Alpha Centauri. Las autoridades informaron que muchas cámaras privadas no conservan material más de 30 días, lo que puede complicar la corroboración visual del ingreso y egreso del avión. Para avanzar hacen falta al menos tres tipos de documentación: facturas originales con CUIT y fecha de emisión, comprobantes de transferencia bancaria entre las partes y contratos o notas de servicio entre brokers y operadoras. Mantenemos cautela: exigimos publicación y verificación documental de facturas, transferencias y actas antes de sacar conclusiones sobre responsabilidades. Seguiremos la causa y, cuando la Justicia y las partes aporten documentación verificable, informaremos los hechos comprobados.