Se denunciaron estafas vinculadas a la concesionaria Autos Pilar Premium: unas 20 personas pagaron en dólares por vehículos que nunca les fueron entregados y las denuncias tramitan en la UFI N°1 y la UFI N°2 de Pilar.

Priorizamos la precisión procesal y la protección de las partes: presentamos los hechos verificados, los montos y las medidas judiciales sin especular sobre móviles ni anticipar culpabilidades. Las fuentes citadas en esta nota son La Nacion y los expedientes judiciales a los que ese medio tuvo acceso.

¿Cómo operaba la estafa?

Según la reconstrucción periodística, la operación combinaba avisos de venta en plataformas como Mercado Libre, permutas con entrega de vehículos usados y pedidos de seña o pago total en efectivo o transferencia en dólares. Un caso citado es el del diputado Manuel Quintar, quien declaró haber negociado un Tesla Cybertruck por US$ 285.000 y haber pagado la totalidad del precio sin recibir el vehículo, según La Nacion. Otro damnificado relató un pago total de US$ 13.490, con una seña inicial de US$ 2.500 y un saldo de US$ 10.990 transferidos por contrato. La agencia funcionaba sobre la colectora de la Panamericana, km 39,5, y los compradores relatan idas y vueltas hasta que, al presentarse, hallaron los ventanales tapiados.

¿Qué hizo la Justicia hasta ahora?

Las investigaciones locales están en la UFI N°1 y la UFI N°2 de Pilar, a cargo de los fiscales Raúl Casal y Andrés Quintana, y la causa podría unificarse, según fuentes de la investigación citadas por La Nacion. El Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro dispuso el secuestro preventivo de 19 camionetas y autos por un valor total de US$ 1.229.200, orden destinada a evitar la salida de bienes del país o su ocultamiento. En paralelo, un expediente federal iniciado el 3 de junio de 2025 investigó ocupación de espacio público y derivó en el procesamiento por desobediencia del titular de la agencia, con un embargo por 300 millones de pesos; esa causa federal data 11 meses antes de la cobertura pública de mayo de 2026.

Quiénes son las víctimas y qué reclaman

Las víctimas incluyen compradores particulares que pagaron en efectivo o realizaron transferencias y quienes entregaron su vehículo como parte de pago. La nota de La Nacion menciona cerca de 20 damnificados, la mayoría de los cuales ya presentó denuncias penales. Entre ellos está el diputado Manuel Quintar, lo que colocó el caso en el foco mediático, y varios jóvenes que aportaron montos menores pero significativos para su economía familiar. Los afectados reclaman restitución de los montos o entrega de los vehículos y piden medidas que impidan la dispersión de bienes. Desde la perspectiva de víctimas consumidores, la modalidad combinó confianza comercial tradicional con pagos en moneda extranjera, complejizando la trazabilidad.

Qué puede esperarse del trámite procesal

Procesalmente, las medidas cautelares tomadas buscan preservar el patrimonio sujeto a la investigación: el secuestro de 19 vehículos y los embargos previos son pasos típicos para garantizar futuras indemnizaciones si se acreditara la estafa. Las causas provinciales pueden unificarse para optimizar la prueba y evitar duplicidades, pero ello requiere un dictamen de las fiscalías intervinientes. Entre las herramientas disponibles figuran pericias contables, informes bancarios sobre las transferencias en dólares y solicitudes de informes a plataformas de comercio online. Observamos que, hasta ahora, la información pública procede mayoritariamente de La Nacion y de expedientes; la presunción de inocencia rige y corresponde a la investigación comprobar si hubo estafa, enriquecimiento ilícito u otras figuras. Recomendamos a las víctimas tramitar prueba documental y coordinar sus denuncias para evitar la dispersión de la evidencia.