Farmacity debutó en el mercado de capitales y logró adjudicar el monto máximo previsto: US$15 millones mediante obligaciones negociables clase 1, integradas en modalidad “hard dollar” y con plazo a 36 meses (vencimiento en mayo de 2029). La emisión se colocó a una tasa nominal fija anual del 7,50% y recibió ofertas por un valor nominal total de US$15.907.688, lo que implicó un factor de prorrateo del 88,6%, según el aviso presentado ante la Comisión Nacional de Valores y el reporte publicado por La Nación.

¿Qué significa esto para la empresa y su plan de expansión?

En números: Farmacity finalizó 2025 con 379 sucursales en 17 provincias y presencia en Uruguay; su EBITDA margin fue 2,8% en 2025, desde 1,1% en 2024, según Moody’s Local Argentina. La compañía proyecta ventas por US$1.400–1.700 millones para 2026-28 y planea abrir 118 nuevas sucursales en 2026-2030. Destinará el producido neto principalmente a adquisiciones de negocios afines en Argentina, además de capital de trabajo y refinanciación de deuda de corto plazo, según los términos de la emisión y el aviso a la CNV. Desde el punto de vista financiero, usar mercado de capitales para reemplazar pasivos bancarios a corto plazo reduce presión de rollover en el corto plazo y da mayor previsibilidad al flujo de fondos. La mejora del margen EBITDA y la apuesta por marcas propias (objetivo: 28% ventas salón en Farmacity para 2030) muestran una estrategia para elevar rentabilidad mediante productos de mayor margen.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino y en tu bolsillo?

Para el consumidor y el comercio local, hay efectos mixtos. La expansión de Farmacity puede aumentar competencia en zonas poco cubiertas, lo que suele presionar precios a la baja en categorías con alta competencia; en paralelo, la mayor participación de marcas propias —de 17% en 2025 a 28% objetivo— tiende a mejorar márgenes y a permitir ofertas más estables. Para el proveedor, implica poder negociar mayores volúmenes pero también enfrentar presión sobre precios y plazos. En términos macro, la emisión en “hard dollar” significa que la empresa y los inversores operan con exposición al dólar MEP: la deuda está nominada en dólares y se integra/paga en el país, lo que introduce una dimensión cambiaria que hay que monitorear. Moody’s Local Argentina otorgó una calificación A+.ar con perspectiva estable, reconociendo la solidez competitiva y generación de flujo, pero advirtiendo sobre márgenes característicos del retail y la volatilidad macro, según el informe citado.

Riesgos y lo que hay que vigilar desde la lente del comerciante y del bolsillo

Primero, la volatilidad macro y cambios en el consumo siguen siendo la principal amenaza: Farmacity reportó resiliencia en 2025 con ventas en $1.900 millones (equivalente a US$1.340 millones en 2025), pero una recesión sostenida o una devaluación abrupta complicaría su plan de crecimiento y la conversión de dólares locales para pagar ON. Segundo, aunque la refinanciación de pasivos bancarios de corto plazo aliviana el calendario, la compañía mantiene exposición a costos de proveedores y salarios; el plan de eficiencia mediante IA y ciencia de datos busca optimizar surtido y precios, pero la tecnología demanda inversión inicial. Tercero, desde la perspectiva social, la expansión puede generar empleo en locales y logística; por eso vemos relevante que el acceso a mercados de capitales se combine con garantías de mantenimiento de empleo y crédito responsable para proveedores locales. Finalmente, la tasa de 7,50% en dólares por 36 meses es un dato concreto a monitorear contra otras alternativas de inversión y la evolución del dólar MEP para evaluar el costo real en pesos.

En síntesis, valoramos que una empresa argentina de escala acceda a mercados de capitales y reduzca presiones de corto plazo mediante una colocación de US$15 millones (según CNV/La Nación). Al mismo tiempo, mantenemos que dicho acceso debe apoyar inversión productiva y empleo, y que en un contexto de volatilidad cambiaria y márgenes acotados del retail, la transparencia sobre el uso de fondos y la protección del empleo deben ser prioridades para que la operación no termine trasladando riesgos a proveedores ni a hogares.