El fiscal federal Pedro Simón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay por presunta filtración del expediente y decisiones destinadas a beneficiar a Claudio “Chiqui” Tapia y a otros imputados, según La Nación (4/5/2026).

¿Qué denunció el fiscal?

El fiscal sostiene que, después de adelantar su regreso de vacaciones, el juez Argibay retomó el expediente, tomó el pedido de detención solicitado por la Fiscalía el mes anterior y, tras dar vista a una de las defensas, rechazó la detención y se declaró incompetente. La fiscalía afirma que hubo acceso clandestino al expediente: la defensa recibió vista a las 11:31 y, una hora después, presentó un escrito de 66 páginas que llevó al rechazo. El fiscal detalló transferencias por 3.633 millones de pesos a cuentas de empresas vinculadas al entramado societario de Pablo Toviggino, con datos remitidos por el Banco Coniag citados en la denuncia (La Nación, 4/5/2026). Además, la fiscalía incorporó un requerimiento de instrucción de 181 páginas y más de 1.000 fojas de documentación, que, según Simón, no pudo ser analizado en 60 minutos por una defensa recién constituida.

¿Cómo justificó el juez su decisión?

En la resolución que motivó la apelación, el juez Argibay calificó las pruebas como referidas de forma genérica y sostuvo su incompetencia para continuar la investigación, según consta en las actuaciones citadas por La Nación. El magistrado incorporó al expediente un sumario oficial del Banco Central que, según su criterio, no alcanzaría para sostener la acusación, y citó la falta de “hechos concretos”. Ese sumario del BCRA, incorporado al expediente y mencionado por el juez, atribuye a Pablo Toviggino la omisión de liquidar divisas por USD 54.514.026,44 y 80.000.000 de euros, punto que el juez consideró insuficiente para avanzar con detenciones en esa etapa (La Nación, 4/5/2026). La fiscalía, en cambio, insiste en la existencia de adquisiciones de inmuebles y vehículos de alta gama vinculadas a transferencias por millones de pesos, y cuestiona la agilidad con la que se dividieron las actuaciones en tres legajos y se resolvió el sobreseimiento.

Consecuencias y próximos pasos

La apelación de Simón ante la Cámara Federal de Tucumán busca que se ordene la apertura plena de la causa y la revisión de la negativa a detener a los imputados. Paralelamente, el fiscal pidió al Consejo de la Magistratura que abra un expediente disciplinario por las conductas que considera de “gravedad institucional”, entre ellas el supuesto acceso previo de la defensa y la vinculación de un hecho de recusación con la venta de un lote por parte de la hija del juez a uno de los imputados. Hay, por lo tanto, dos vías paralelas: la revisión jurisdiccional de las decisiones procesales y la investigación disciplinaria de la conducta del magistrado. En términos temporales, el pedido de detención fue formulado el mes pasado y la apelación se presentó el 4/5/2026; ahora resta que la Cámara y el Consejo seleccionen medidas probatorias y plazos para resolver.

Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final de las resoluciones, las actas de notificación y los registros de acceso al expediente antes de evaluar alcance político o judicial. Lo que hoy aparece en la denuncia son imputaciones y cuestionamientos procesales que deberán verificarse con las constancias oficiales y con la respuesta formal del juez Argibay y de las defensas. Mientras tanto, la causa suma cifras materiales y diligencias que la opinión pública seguirá de cerca.