El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, desistió el 19 de mayo de 2026 del recurso que había presentado el fiscal de primera instancia Pedro Simón, y con ello la causa por presunto lavado de dinero en la que se pidió la detención de Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Pablo Toviggino podría terminar en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, según publicó La Nación.
¿Qué pasó y por qué importa?
El desistimiento de Vehils Ruiz dejó en manos de la Cámara en lo Penal Económico la definición final sobre la competencia, después de que la Cámara Federal de Tucumán evaluara la apelación de Simón; la decisión del fiscal general menciona la conexidad con otras causas ya actuadas en Campana, según el dictamen citado por La Nación. En el expediente de Santiago del Estero, Simón imputó a 26 personas y pidió indagatorias y detenciones contra jerarcas de la AFA, incluido Tapia y Toviggino, según el fiscal; la denuncia enumera tres fuentes del supuesto dinero ilícito: una presunta defraudación contra la AFA, la emisión de facturas presuntamente falsas para ARCA y la omisión en la liquidación de divisas, de acuerdo al escrito fiscal. La causa sigue su curso con medidas y peritajes pendientes y la competencia es la cuestión procesal inmediata.
¿Por qué la competencia quedó en duda?
El conflicto de competencia comenzó cuando el juez federal Sebastián Argibay remitió el expediente a Campana y luego fue apartado por un incidente de recusación ligado a una venta de terreno entre su hija y Darío Toviggino, hermano de Pablo, según la apelación que presentó el fiscal Simón y que cita La Nación. Argibay firmó una resolución de 39 carillas para desestimar la denuncia y declarar la incompetencia hacia Campana, y en su apelación Simón consignó los horarios en que se produjeron los actos procesales —datos que constan en el expediente según la misma nota—; pese a ello, el fiscal general no sostuvo el recurso ante la Cámara de Tucumán y alegó que el juzgado de Campana ya intervenía en investigaciones conexas. La Cámara en lo Penal Económico deberá decidir si confirma la intervención de Campana o revierte la situación, y esa decisión definirá el tribunal que avanzará con medidas probatorias clave.
Qué contienen las pruebas según el fiscal Simón
Según el dictamen de Simón, los informes bancarios y las investigaciones contables identificaron movimientos de fondos hacia sociedades vinculadas a Toviggino y terceros; un banco consignó transferencias por 3.633.013.825,80 pesos a cuentas de empresas como Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor y Servicios Neurus en el Banco Coinag, y otro informe reportó que la AFA transfirió 1.328.266.369,20 pesos a la cuenta de Segon SRL en el Banco de Santiago del Estero, sumando 4.961.280.195 pesos entre 2022 y 2025, según La Nación a partir del expediente fiscal. El fiscal describió además que los fondos se reencauzaban a otras cuentas en menos de 48 horas y que la operatoria se justificaba con decenas de facturas que, según la acusación, no representarían prestaciones reales. Esos datos figuran en los anexos y en los informes bancarios que el expediente incorpora; resta la verificación judicial plena mediante pericias contables y la producción de prueba documental definitiva.
Con la competencia en disputa y la Cámara en lo Penal Económico pronta a definir, el proceso conserva pasos procesales relevantes por delante: recepción de peritajes, declaraciones indagatorias en caso de que el juez competente las ordene, y la posibilidad de nuevas apelaciones. Mantenemos cautela: exigimos verificación de textos, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial, y esperamos la comunicación oficial de la Cámara en lo Penal Económico y las actuaciones formales del juzgado de Campana para precisar el estado procesal del expediente.
