La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) sostiene que el impuesto sobre los Ingresos Brutos se volvió el principal obstáculo para la digitalización y la formalización: el comercio electrónico factura más de $34 billones y creció 55% interanual, mientras que Ingresos Brutos explica más del 80% de la recaudación provincial y equivale al 4% del PBI, según el informe de CACE e Idesa consignado por La Nación el 20/4/2026.

¿Qué dice el informe y por qué importa?

El estudio identifica cinco efectos negativos del esquema vigente. Primero, las retenciones automáticas funcionan como barrera a la formalización: obligan a adelantar impuestos que desalientan a vendedores informales a incorporarse al sistema (CACE/Idesa, La Nación 20/4/2026). Segundo, al inmovilizar recursos impactan en el flujo de caja de las empresas, reduciendo capacidad de inversión. Tercero, amplían la brecha entre grandes empresas y pymes: las primeras optimizan cargas y las segundas sufren costos administrativos mayores. Además, el régimen de 24 versiones provinciales genera complejidad operativa y distorsiona precios: consumidores en provincias de baja carga terminan absorbiendo costos de jurisdicciones más gravosas. Traducido: el impuesto no solo grava ventas, sino que empuja operaciones a canales menos trazables y reduce la base imponible efectiva.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Vemos el efecto en tres lentes prácticos. Lente de bolsillo: la distorsión de precios implica que algunos consumidores terminan pagando más por el mismo producto cuando la venta cruza jurisdicciones; eso erosiona el poder adquisitivo. Lente de comerciante: las pymes pierden liquidez porque deben adelantar retenciones que podrían destinar a stock, sueldos o inversiones; según el informe, la existencia de 24 regímenes complica la operatoria y eleva costos administrativos. Lente macro: si Ingresos Brutos explica más del 80% de la recaudación provincial y equivale al 4% del PBI, cualquier reforma sin compensación fiscal puede generar tensiones presupuestarias locales (CACE/Idesa, La Nación 20/4/2026). En números: comercio electrónico con $34 billones y 55% de crecimiento choca con un esquema que premia el uso de efectivo, menos trazable y menos recaudable.

¿Qué reformas propone la industria y qué implican fiscalmente?

La CACE plantea avanzar hacia la unificación de impuestos al consumo, de modo que el IVA absorba Ingresos Brutos y tasas municipales, y transformar los regímenes de pago anticipado en mecanismos de información. En la práctica, eso busca simplificar cumplimiento, reducir evasión y eliminar la descapitalización por retenciones automáticas. Sin embargo, si Ingresos Brutos representa más del 80% de la recaudación provincial, la transición requiere un diseño fiscal que preserve la sustentabilidad subnacional: fondos compensatorios temporales, ajustes en coparticipación o metas de ordenamiento del gasto provincial. La propuesta puede ampliar la base imponible y la trazabilidad —mejorando la recaudación a mediano plazo—, pero exige que el Estado federal y las provincias acuerden calendario y mecanismos de control para evitar shocks en servicios públicos y salarios provinciales.

Qué debería pedirle la política y el fisco

Primero, transparencia: cualquier cambio debe venir con un cálculo público del impacto fiscal por provincia y un calendario de transición. Segundo, proteger a las pymes: convertir pagos anticipados en obligaciones informativas reduce la presión sobre el flujo de caja y facilita la integración de vendedores informales al sistema. Tercero, acompañamiento para formalización: inversión en fiscalización digital y medidas que faciliten facturación electrónica aumentan la trazabilidad sin subir tarifas. Cuarto, condiciones claras para la estabilidad: reglas estables y previsibles son fundamentales para que la digitalización atraiga inversión y dólares por flujo. En línea con nuestra postura previa, apoyamos la reducción de trabas que aumente la llegada de dólares por flujo, siempre que venga acompañada de transparencia, reglas estables y medidas que protejan ingresos y empleo formal.

En resumen: la propuesta de la industria apunta a simplificar y modernizar, pero no es un atajo neutro; exige acuerdos fiscales, compensaciones y un diseño técnico que preserve la recaudación provincial mientras promueve la formalización y la inversión en el sector digital (CACE/Idesa, La Nación 20/4/2026).