La Corte Suprema difundió una plataforma de subastas electrónicas judiciales y la comunicó en coincidencia con una próxima ejecución de bienes vinculados a la causa Vialidad, por la que se reclama un decomiso de 640 millones de dólares; por ahora no hay fecha para los remates de 111 propiedades que involucran a la ex presidenta y a sus hijos, según La Nación.

¿Qué anunció la Corte y qué significa?

La comunicación oficial informó que el portal de Subastas Electrónicas Judiciales se puso en línea sobre la base de la acordada 15/25 y que pretende transparentar procesos que antes se realizaban en forma presencial. Según la Corte, ya están inscriptas 1.078 personas en el padrón y 705 permanecen como usuarios activos; en los primeros tres meses se tramitaron 301 subastas correspondientes a 186 expedientes. En el mismo período se remataron 20 inmuebles y 29 vehículos, según el informe difundido por el tribunal.

En lo procesal, la nota de La Nación consigna que la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario de Cristina Kirchner —fallo firmado por Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky— lo que dejó ejecutable la sentencia para la oficina de subastas, aunque la expresidenta aún puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema. Es un dato que cambia el escenario jurídico de ciertos bienes, pero no fija por sí solo fechas ni montos finales de venta.

¿Cómo impacta esto en el mercado de subastas y en la ejecución de la sentencia?

La Corte sostiene que el sistema amplía la difusión, garantiza el anonimato de los postores y reduce intermediarios que, según la comunicación, integraban la llamada “liga de rematadores”. Entre marzo y mayo la cantidad de subastas con fecha promedió 48 por mes; para junio la Corte proyectó 76, un aumento que la propia plataforma cuantifica como un salto en la frecuencia operativa. El mecanismo reduce la necesidad de concurrencia física y permite celebrar remates de forma simultánea y continua, lo que puede acelerar la venta de bienes cuando exista una orden judicial firme.

Desde el punto de vista económico y práctico, la dispersión geográfica de postores (usuarios activos en 19 provincias y CABA) puede mejorar los precios de mercado en subastas judiciales al aumentar la competencia, según la Corte. Sin embargo, esa hipótesis depende del valor de base fijado por peritajes, de la publicidad del remate y de la capacidad de los interesados de verificar títulos y cargas sobre cada bien. Por eso, datos sobre inscripciones y frecuencias son útiles, pero no sustituyen la revisión de expedientes y de informes periciales.

¿Qué sigue y qué deben verificar los interesados?

Los interesados deben empadronarse en el portal y esperar la orden expresa de los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires para que un bien llegue al sitio. La Corte informó que el padrón crece mes a mes y que, en los primeros tres meses de funcionamiento, se tramitaron 301 subastas; esa cifra es operativa pero no implica ejecución automática de todos los bienes anotados. Además, cuando un expediente refiere a personas con recursos procesales pendientes, como quejas o presentaciones ante la Corte, la ejecución puede demorarse hasta que se resuelvan esas vías extraordinarias.

Mantenemos cautela: exigimos la verificación de textos, actas y anexos antes de evaluar alcance político, judicial o electoral de estos remates. La información pública disponible —la estadística de la Corte y la cobertura periodística sobre la causa Vialidad— permite trazar el marco técnico, pero no sugiere conclusiones sobre efectos electorales sin revisar los expedientes completos y los recursos interpuestos. Osvaldo Santini