La Justicia declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor tras admitir la propia empresa su incapacidad para pagar y para presentar una propuesta de acuerdo; el fallo registra, entre otros datos, atrasos salariales por más de $12.788 millones y una generación de nuevas obligaciones a ritmo cercano a $3.000 millones por mes, según La Nación. Este primer párrafo resume el núcleo del fallo y lo que significa para trabajadores, proveedores y la cadena de leche.

¿Qué dijo la Justicia y por qué?

El juez Marcelo Gelcich fundamentó la quiebra en seis motivos que, juntos, mostraron que el concurso preventivo había quedado sin salida. Primero, la propia empresa reconoció que no estaba en condiciones de afrontar el pasivo concursal ni de formular oferta de acuerdo. Segundo, el proceso preventivo fue definido como fracasado antes de agotar pasos formales porque no existían chances reales de acuerdo. Tercero, el fallo consigna pasivos concretos: más de $12.788 millones en salarios atrasados con retrasos de cinco meses o más, más de $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales y más de $13.313 millones en deuda comercial, además de un pasivo concursal que incluye más de US$86 millones, según La Nación. Cuarto y quinto, la empresa operaba muy por debajo de su capacidad y no generaba recursos suficientes para sostener la operatoria. Sexto, el juez descartó la viabilidad de un rescate por terceros por razones jurídicas y económicas. Con esos elementos, el tribunal entendió que mantener el concurso agravaría el deterioro patrimonial.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Vemos varios canales de transmisión. En lo inmediato, están los trabajadores y los proveedores. Los atrasos salariales de más de cinco meses afectan liquidez familiar y consumo local; si gran parte de esos puestos se ubican en el Gran Buenos Aires, el efecto sobre la demanda agregada local puede ser relevante. Para los proveedores de materia prima, energía y envases, la deuda comercial reportada de más de $13.313 millones significa pérdidas y riesgo de cadena de pagos. Desde la perspectiva del mercado de lácteos, el fallo ordena mantener las unidades operativas en la medida de lo posible para evitar un cierre que empeore el valor de los activos y reduzca oferta, pero la caída sostenida en el volumen procesado complica la continuidad. Además, el pasivo concursal que incluye más de US$86 millones deja en evidencia la exposición a moneda extranjera en una industria intensiva en insumos dolarizados. En términos macro, un cierre masivo de plantas agravaría presión sobre empleo formal y podría sumar tensiones fiscales y sociales locales.

¿Qué opciones quedan y cómo proteger empleo y valor?

La resolución apuesta por la enajenación de la empresa en marcha, con venta de activos conjuntos o por separado y mecanismos públicos o privados para maximizar recupero. Es una salida orientada a preservar valor, pero su éxito depende de transparencia en el proceso y de condiciones que incentiven ofertas serias. Aquí demandamos que cualquier operación priorice la continuidad operativa y la preservación del empleo formal en las zonas afectadas, en línea con nuestra postura habitual sobre proteger empleo en el Gran Buenos Aires. También pedimos medidas de transparencia sobre postores, ofertas y destino de recursos para evitar que la pérdida patrimonial termine financiando castigos a trabajadores y pymes proveedoras.

Desde la política pública convendría facilitar mecanismos de conversión de deuda a capital operativo condicional al mantenimiento de empleo, programas temporales de apoyo a cadenas de valor y garantías que no incremental el pasivo fiscal sin contrapartidas de preservación laboral. Además, dados los problemas de liquidez y la velocidad con la que crecían los pasivos, cerca de $3.000 millones por mes según el fallo, cualquier intervención debe ser coordinada y transparente para no sostener empresas inviables. En números: si la venta en marcha consigue preservar incluso una fracción significativa de plantas, se evita un shock mayor sobre empleo formal y proveedores. Para concluir, acompañamos la decisión judicial de priorizar el valor de realización, pero exigimos que el proceso tenga reglas claras y medidas activas para proteger a los trabajadores y a las pymes vinculadas a la cadena láctea, tal como venimos planteando en nuestra línea editorial sobre acumulación de reservas por flujo y transparencia acompañada de medidas que protejan el empleo formal.