La Justicia federal investiga movimientos en dinero digital atribuibles al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según informó La Nación el 9/5/2026. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó información a plataformas de activos digitales y pidió al Banco Central reportes sobre cuentas y productos desde el 1° de enero de 2022 hasta la actualidad. La causa ya incluye hallazgos en efectivo que motivaron el levantamiento del secreto bancario y financiero, pero los datos sobre criptomonedas son, por ahora, parciales y descritos por fuentes judiciales como “menores” frente a las sumas en efectivo.
¿Qué investiga la Justicia y qué medidas se ordenaron?
Según La Nación (9/5/2026), la pesquisa busca mapear transferencias y vínculos entre cuentas tradicionales y billeteras virtuales. El juez Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal el 22/4/2026, y la medida alcanzó a tres sujetos: Manuel Adorni, su pareja Bettina Angeletti y la firma AS Innovación Profesional, de acuerdo con el expediente. Pollicita pidió al Banco Central el detalle de “toda la operatoria” desde el 1/1/2022 hasta la fecha —un período de más de cuatro años— que incluye cuentas, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. Además, solicitó a proveedores de servicios de pago información sobre CVU, alias y posibles vínculos con billeteras virtuales. Las respuestas de las plataformas están siendo analizadas en Comodoro Py y, según fuentes de la causa, pueden ampliarse con un estudio de trazabilidad si fuera necesario.
¿Qué alcance técnico y probatorio tiene la trazabilidad en criptomonedas?
La trazabilidad en cadenas públicas permite seguir movimientos entre direcciones, pero no siempre identifica titulares sin la cooperación de proveedores y exchanges. Según la información remitida y citada por La Nación, algunas plataformas aportaron datos que muestran movimientos “menores” en términos monetarios frente a los montos en efectivo ya registrados en la causa; esos calificativos figuran en las actuaciones, pero no incluyen montos numéricos públicos. Para convertir transfers en prueba dirigida, la fiscalía depende de registros de identidad, IP y vínculos con cuentas bancarias, y en muchos casos deberá pedir información a proveedores en el exterior o acudir a medidas que tardan semanas o meses. El pedido al BCRA —vigente desde 1/1/2022 hasta hoy— busca cruzar esas trazas digitales con billetes y operaciones formales que consten en el sistema financiero argentino.
¿Qué consecuencias políticas tiene esto y qué pasos vienen?
En lo político, la noticia llegó el 9/5/2026 con la publicación de La Nación; el propio Adorni negó irregularidades en una conferencia, según Diario Santa Fe (9/5/2026). Desde la fiscalía, las medidas ordenadas —levantamiento de secretos y pedidos al BCRA y a plataformas— son procedimientos habituales para delimitar el alcance patrimonial. No obstante, los datos disponibles hoy no permiten concluir sobre responsabilidad penal ni sobre impacto electoral: las plataformas remitieron información parcial y la causa aún deberá consolidar pruebas documentales y periciales. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. Resta definir si los análisis de trazabilidad y los cruces con registros bancarios producirán elementos suficientes para una imputación o para el archivo parcial de la pesquisa.
