El juez federal Ariel Lijo citó a prestar declaración indagatoria al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Orlando Spagnuolo, y a otras 34 personas en una causa que investiga supuestas maniobras para direccionar compras públicas de medicamentos e insumos de alto costo, según publicó La Nación. El fiscal federal Franco Picardi pidió las citaciones y en su requerimiento describe un mecanismo de simulación de competencia, sobreprecios y pago de retornos. El cronograma dispuesto por el juzgado prevé que las indagatorias arranquen el 28 de abril y se extiendan hasta el 26 de mayo.
Qué acusa la fiscalía y qué pruebas cita
Según el fiscal Franco Picardi, la investigación describe un esquema que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 y que incluyó manipulación del aplicativo SIIPFIS, implementado en junio de 2024, para favorecer a un grupo selecto de empresas. El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas, según La Nación. Picardi señala que los retornos oscilarían entre el 12% y el 20% de las sumas facturadas y que el empresario Miguel Ángel Calvete habría entregado en mano 5.000.000 de pesos y pagado deudas personales del exfuncionario, según la hipótesis fiscal. La causa incluye además descripciones de facturación apócrifa y uso de empresas pantalla, y menciona la compra de servicios ficticios por centenas de millones de pesos en algunos comprobantes, tal como detalla el expediente.
¿Quiénes están citados y cómo se organizaron las indagatorias?
El listado administrativo alcanza a 35 imputados: entre ellos Spagnuolo, el exfuncionario Daniel María Garbellini y empresarios como Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, junto a otros prestadores y miembros de familias empresarias, de acuerdo con la cronología publicada. El juzgado fijó la primera audiencia para Spagnuolo y Garbellini el 28 de abril; al día siguiente están citados Calvete y Arnaudo; y las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando figuran Mastropietro y Acosta. Seis personas ya tenían audiencia previamente, entre ellas Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por tareas de blanqueo y recaudación. Las citaciones permiten tomar declaraciones y, en su caso, avanzar hacia medidas probatorias adicionales: pedidos de extracción de registros del SIIPFIS, órdenes de informe a la contaduría y seguimientos financieros que la fiscalía ya solicitó, según fuentes judiciales citadas por La Nación.
Implicaciones judiciales y políticas: por qué mantenemos cautela
El expediente describe un esquema que, si se comprobara, tendría consecuencias penales y administrativas. Desde el punto de vista judicial, la verificación técnica de los registros del SIIPFIS, las trazas bancarias y las actas de las licitaciones será central para sostener las imputaciones. En términos políticos, la investigación toca a un organismo que atiende a personas con discapacidad; la evidencia de perjuicio a beneficiarios sería relevante para la valoración pública. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial, como señalamos en posiciones previas. El dato procesal inmediato es que la causa abarca un lapso de aproximadamente 22 meses (diciembre de 2023 a octubre de 2025) y tiene 35 imputados, lo que define una agenda de audiencias hasta el 26 de mayo, según el juzgado. Hasta que no se acceda a las actas, los extractos del sistema y las pruebas documentales, la nota sólo registra citaciones y la versión fiscal de los hechos.
