Los bosques son sumideros de carbono pero no son una cura mágica: cubren 4,06 mil millones de hectáreas, es decir alrededor del 31% de la superficie terrestre, y entre 1990 y 2020 perdieron 178 millones de hectáreas (FAO, Global Forest Resources Assessment 2020). Ese dato resume el problema: los bosques siguen siendo esenciales para absorber CO2, pero su extensión y su integridad están en retroceso. Vemos con claridad la tensión entre la urgencia climática y la necesidad de protocolos transparentes para medir, reportar y verificar el carbono que supuestamente ‘capturan’.
¿Cuánto carbono pueden capturar los bosques?
La pregunta suena técnica, pero tiene consecuencias prácticas: si un proyecto afirma que va a ‘capturar’ X toneladas de CO2, necesitamos saber cómo llegó a ese número. Los inventarios y modelos nacionales que calcula la captura neta combinan cambios en la biomasa, los suelos y la gestión de la tierra. Según la FAO, los cambios en la cubierta forestal se miden en hectáreas y no siempre reflejan la pérdida o ganancia de carbono por unidad de superficie; además, las estimaciones cambian según los métodos. El IPCC advierte que las incertidumbres en sumideros terrestres siguen siendo significativas (IPCC AR6, 2021). En la práctica, eso significa que confiar en reclamos de captura sin protocolos reproducibles y auditorías públicas es arriesgado.
¿Qué pasa en Argentina?
Argentina cuenta con aproximadamente 34,3 millones de hectáreas de bosques según la FAO (FRA 2020). Esa cifra ubica al país dentro de una discusión regional sobre conservación y uso agrícola. En nuestro territorio la presión por la expansión agrícola y la ganadería es el factor recurrente en la pérdida de bosque nativo; no disponer de inventarios nacionales abiertos y actualizados complica evaluar cuánto carbono realmente se está perdiendo o ganando año a año. Por eso reclamamos datos públicos: si el Estado o empresas privadas van a usar bosques para compensar emisiones, necesitamos series temporales reproducibles, metodologías claras y auditorías independientes que permitan comparar, por ejemplo, el stock de 2020 versus 2010.
¿Los mercados de carbono son una solución o un riesgo?
Los mercados voluntarios y regulados prometen dinero para la conservación, pero plantean dilemas técnicos y éticos. El problema no es solo cuánto carbono se genera sino quién lo certifica y con qué transparencia. Sin protocolos insistentes y datos abiertos podemos financiar proyectos que no aportan reducción neta de emisiones o, peor, que desplazanel problema a otra región. Nuestra postura editorial es clara: apoyamos iniciativas legítimas de conservación y restauración, pero exigimos que los proyectos publiquen datos, métodos y auditorías reproducibles antes de ser homologados por el sector público o laboral. Esto no es tecnocracia por capricho: es la única forma de que las cifras de mitigación sean comparables y confiables.
Conclusión: exigir transparencia para convertir bosques en política climática real
Los bosques importan y los datos lo prueban; que hayan perdido 178 millones de hectáreas entre 1990 y 2020 (FAO) es una llamada de atención. Pero también necesitamos reglas claras para traducir hectáreas en toneladas de CO2 evitadas o almacenadas. Lo que nadie cuenta es que sin inventarios abiertos, metodologías públicas y verificaciones independientes, cualquier plan de ‘captura’ puede convertirse en una promesa vana. Abogamos por políticas que combinen conservación, desarrollo rural justo y exigencia de transparencia: no se trata de elegir entre producción y ambiente, sino de medir bien lo que hacemos para que las decisiones sean democráticas y verificables.
