SanCor tiene una deuda verificada por la Justicia cercana a los US$120 millones y más de $40.000 millones en pesos; además acumula deuda postconcursal de $6.349 millones al 31/01/2026 que crece a un ritmo cercano a $3.000 millones por mes (según La Nación, 31/03/2026).

¿Qué determinó la sentencia y quiénes son los acreedores?

La sentencia de verificación analizó 1.519 pedidos sobre un total de 2.702 acreedores denunciados y definió montos y prioridades de cobro, un paso clave antes de la negociación preventiva (según La Nación). El Estado figura como el principal acreedor: ARCA fue reconocido por más de $23.607 millones en capital y más de $25.235 millones en intereses y honorarios por impuestos, aportes y contribuciones (según La Nación). Entre los acreedores en moneda extranjera aparecen fondos internacionales: BAF LATAM con US$51,8 millones e IIG Structured con US$34,4 millones, ambos reconocidos aunque con objeciones sobre garantías (según La Nación). También hay un fideicomiso estatal, FONDEP, con un crédito superior a $2.279 millones respaldado por la marca SanCor (según La Nación). En el consolidado aparecen $29.581 millones en privilegio general, $5.060 millones en privilegios especiales y $6.606 millones en créditos comunes, además de los compromisos en dólares (según La Nación).

¿Qué significa esto para los trabajadores y los proveedores?

El fallo muestra un tratamiento diferenciado para los acreedores laborales: de 1.063 presentaciones, 1.044 habían cobrado por el mecanismo de pronto pago, por lo que sus reclamos fueron en su mayoría declarados inadmisibles para evitar duplicaciones (según La Nación). Unos pocos empleados obtuvieron reconocimiento directo, con montos que van desde algo más de $1 millón hasta $192 millones en el caso mayor (según La Nación). Para los proveedores comerciales —insumos, logística y servicios— el reconocimiento de créditos implica que la composición del pasivo quedó más clara, pero no resuelve la liquidez inmediata. La prórroga de la coadministración y la apertura de una cuenta protegida buscan evitar embargos individuales que paralicen la operatoria, una medida que protege ingresos inmediatos de empleados y continuidad de la cadena de suministro (según La Nación). Si la empresa deja de operar, el efecto en pequeños proveedores y en tambos provinciales sería directo y rápido.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino y en la estabilidad macro?

Una cooperativa grande como SanCor con pasivos en pesos y en dólares agrega fragilidad a sectores ya sensibles: la validación de créditos reduce incertidumbre legal, pero la dinámica de la deuda postconcursal —$6.349 millones al 31/01/2026 que aumenta cerca de $3.000 millones mensuales— es una señal de tensión de liquidez que puede trasladarse a precios y pagos en la cadena láctea (según La Nación). Desde el lente fiscal y externo, que el Estado sea el principal acreedor agrava la cuenta fiscal y limita margen para apoyos adicionales sin una ancla macro. En línea con posiciones previas, vemos que la acumulación de reservas por flujo y un ancla macro creíble son necesarios para reducir la fragilidad fiscal y externa que complica reestructuraciones industriales. La negociación con acreedores debe buscar preservar la operatoria, evitar pérdida de empleo y reducir el impacto fiscal concentrando quitas y plazos compatibles con recuperar caja.

¿Qué puede pasar ahora con la cooperativa y la cadena láctea?

La sentencia no cierra el proceso: sigue la elaboración del Informe General por la sindicatura en 30 días y luego la etapa de negociación con acreedores (según La Nación). Las herramientas judiciales adoptadas —coadministración, cuenta protegida— buscan mantener la producción mientras se discute un acuerdo. Si la negociación fracasa, la quiebra podría significar cierres de plantas y una interrupción en los pagos a tambos y proveedores, presionando al alza los precios de los lácteos y reduciendo ingresos rurales. Si se logra un acuerdo equilibrado que combine reestructuración financiera, protección de empleo y ajustes operativos, la empresa puede seguir siendo un actor relevante para exportaciones y empleo regional. En todos los escenarios, una política macro que priorice reservas y previsibilidad cambiaria facilita reprogramaciones en dólares y reduce el riesgo de que la crisis de una firma termine amplificándose a la economía real.

Franco Pellegrini