El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió la licitación para el gerenciamiento operativo del Canal de la Ciudad, y por ese expediente se presentaron dos ofertas para administrar la señal: Cale Group Media SA por $50 millones por mes y Argentinos Media SA por $15 millones por mes, según informó LA NACION. El plazo de concesión previsto es de cinco años a partir de la firma del acta de inicio del servicio.

¿Qué se abrió y qué ofrecieron las empresas?

La apertura de sobres incluyó propuestas para la administración y el mantenimiento del Canal de la Ciudad; en cambio, para Radio de la Ciudad (AM 1110) y La 2x4 (FM 92.7) no hubo ofertas en esta primera instancia, según LA NACION. La empresa adjudicataria, de acuerdo al pliego citado por ese medio, deberá abonar un canon mensual al gobierno de la Ciudad, hacerse cargo de la programación, del mantenimiento de equipos y estudios, pagar derechos de autor y garantizar la continuidad laboral del personal. El plazo, según el mismo informe, será de cinco años.

Los números de las ofertas permiten una comparación inmediata con cifras que ya circularon en la discusión pública: una propuesta de $50 millones mensuales representa $600 millones anuales, y la de $15 millones mensuales equivale a $180 millones anuales. Esa comparación es relevante frente a publicaciones previas que mencionaron un costo anual del canal de 4.500 millones de pesos en un tuit público del jefe de Gabinete nacional en 2025, citado también por LA NACION.

¿Qué dice Enacom y por qué importa?

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) remitió una nota con fecha del 10 de abril en la que alertó que el pliego administrativo «colisiona con el marco regulatorio vigente», en particular con el principio de indelegabilidad establecido en el artículo 44 de la Ley Nº 26.522, según consta en la nota publicada por LA NACION. El organismo señala que la explotación de las señales debe ser realizada directamente por su titular y que la delegación de la explotación de licencias audiovisuales está prohibida por la norma.

Fuentes oficiales del gobierno porteño dijeron a LA NACION que la Ciudad mantendrá la titularidad de los medios y que cederá solo la gestión técnica, operativa y comercial. Desde Enacom, según la misma nota, no informaron novedades sobre una posible presentación judicial. La advertencia del regulador plantea una potencial vía judicial o administrativa que puede demorar o condicionar la adjudicación, y obliga a verificar el texto final del pliego y de las actas antes de concluir su alcance jurídico.

Consecuencias políticas, laborales y próximos pasos

Los tres medios públicos —el canal y las dos radios— reúnen alrededor de 500 empleados, según LA NACION, y la Radio de la Ciudad cumpliría 100 años en mayo de 2027, dato que el Gobierno y los aspirantes a gerenciar deberían considerar en cualquier plan de continuidad. Por otra parte, la ausencia de ofertas para las radios en esta ronda implica un nuevo llamado y prolonga la incertidumbre sobre la operación de AM 1110 y FM 92.7.

En términos políticos, la iniciativa del jefe de Gobierno fue defendida públicamente por su cuenta en redes, con la argumentación de que no es momento para financiar con impuestos algo que puede gestionar el sector privado, según declaraciones consignadas por LA NACION. Ese enfoque se inscribe en tensiones internas que ya se ven en la coalición, como se discutió en notas previas sobre los movimientos del PRO y sus liderazgos (ver, por ejemplo, “Macri acelera el desmarque de Pro y profundiza tensiones internas”, https://prensalibreonline.com.ar/politica/macri-acelera-el-desmarque-de-pro-y-profundiza-tensiones-int-2026-05-12).

Resta definir si el proceso continuará con la adjudicación simple, si Enacom llevará la cuestión a instancias judiciales, o si el pliego será modificado. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. Mientras tanto, el cronograma oficial prevé un nuevo llamado para las radios y la firma del contrato en caso de adjudicación, con un plazo de cinco años señalado en el pliego citado por LA NACION.