Un alumno de 16 años fue allanado esta madrugada en su domicilio de Balvanera e imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, tras circular fotografías en las que aparece con un revólver tomadas en el baño de la Escuela de Comercio N°5. La denuncia llegó a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4 y la jueza Alicia Baridón Gómez autorizó el allanamiento al que asistieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia (LA NACIÓN, 22/4/2026).
¿Qué sucedió y quién intervino?
Fuentes judiciales y policiales informaron que la denuncia fue presentada por el padre de una alumna luego de ver las imágenes en un grupo de WhatsApp identificado como “3-1”, integrado por estudiantes del colegio. El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil N°4 y contó con la autorización del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1 a cargo de la jueza Alicia Baridón Gómez (LA NACIÓN, 22/4/2026). Durante el allanamiento se secuestraron el celular en uso del adolescente, una computadora portátil y un disco rígido, elementos que la fiscalía consideró de interés para la investigación. Intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, según el parte oficial recogido por este medio.
Pruebas y cargos: ¿qué pesa contra el menor?
La imputación se funda en las fotografías que muestran al menor portando lo que sería un revólver y posando junto a otros dos compañeros dentro del baño del establecimiento. Las imágenes, según la denuncia, se enviaron con la modalidad de visualización única y el comentario “La chispa está en 3ro 1ra”, lo que llevó al padre de una alumna a presentar capturas de pantalla ante la fiscalía (LA NACIÓN, 22/4/2026). El fiscal imputó intimidación pública, amenazas con arma y portación de arma de fuego, figuras que según el Código vigente pueden alcanzar una pena máxima de 7 años de prisión, según la acusación formal difundida por la prensa. El mismo adolescente ya era investigado en una causa previa por robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil, dato que la fiscalía consignó al momento de ampliar la investigación.
El marco procesal y los derechos del adolescente
La intervención judicial en casos que involucran a menores exige autorizaciones y medidas cautelares específicas: el allanamiento fue dispuesto por la jueza del fuero penal juvenil, lo que responde al requisito de control judicial para actuaciones intrusivas contra personas menores de edad (LA NACIÓN, 22/4/2026). Una imputación no equivale a condena; en el proceso penal juvenil rigen principios de protección y medidas alternativas a la privación de la libertad siempre que sea posible. En este expediente se secuestraron elementos materiales necesarios para la investigación y se registró la imputación formal, pasos procesales que permitirán a la defensa y a la fiscalía presentar pruebas y medidas periciales. Observamos que la cobertura pública debe respetar la identidad del menor; por eso no se difunden datos que permitan su identificación, conforme a las normas de protección de la niñez y la adolescencia.
¿Qué implica para la escuela y las políticas públicas?
El caso activó el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, que el artículo periodístico identifica como vigente desde 2025 y que establece líneas de trabajo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LA NACIÓN, 22/4/2026). El fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, explicó en conferencia que la coordinación inmediata busca identificar y responsabilizar a los autores y tiene una función preventiva para desalentar la reiteración de estas conductas. En términos administrativos y escolares, el hecho obliga a revisar protocolos internos de convivencia, acceso a dispositivos y procedimientos para la denuncia temprana; en lo estatal, plantea la necesidad de medir el impacto de las herramientas implementadas en 2025 frente a situaciones similares y ajustar la respuesta interinstitucional sin transformar cada episodio en espectáculo mediático.
