La Policía de la Ciudad, a través de la División de Trata de Personas, allanó el 13 de mayo de 2026 un taller clandestino de costura en la intersección de Bahía Blanca y Arregui, en el barrio de Monte Castro, y rescató a 20 personas —13 mayores y 7 menores— que vivían y trabajaban en condiciones de explotación, según informó La Nación.

¿Cómo se detectó y qué está investigando la justicia?

La investigación se inició a principios de 2026 tras una denuncia anónima recibida por el 911 y por la línea 145, específica para casos de trata, y se prolongó varios meses hasta el allanamiento del 13 de mayo de 2026, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal N.º 11, subrogado por el juez Ariel Lijo (fuente: La Nación). En el lugar fueron identificadas 20 personas —13 mayores y 7 menores— y se detuvo a un hombre de 37 años y a una mujer de 45, ambos de nacionalidad boliviana; esa imputación se realiza conforme a la Ley N.º 26.364, que regula los delitos de trata de personas en Argentina. La causa ahora reúne elementos secuestrados durante el procedimiento que serán incorporados al expediente judicial, y el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares según el avance de la investigación.

¿Qué significan las condiciones descriptas y qué evidencia se secuestró?

Según las fuentes judiciales y policiales citadas por La Nación, las víctimas eran forzadas a producir ropa bajo la modalidad conocida como “cama caliente”: rotación de turnos para dormir junto a las máquinas y continuidad laboral sin libertad de movimiento. Durante el allanamiento la policía informó el secuestro de 23 máquinas de coser, además de teléfonos celulares, documentación personal y cuadernos con anotaciones vinculadas a la explotación, todos elementos con valor probatorio en la instrucción (fuente: La Nación). Las descripciones de colchones separados por telas y de personas que no podían salir libremente indican restricciones a la libertad personal que son constitutivas de medidas de explotación y privación, factores relevantes para la calificación penal bajo la Ley N.º 26.364.

¿Qué organismos participaron y qué medidas de protección se adoptaron?

Al operativo asistieron la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima, la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia–Área Trata del Ministerio de Justicia de la Ciudad, Migraciones y la Agencia Gubernamental de Control (AGC), además de la División de Trata, según consta en el parte informado por La Nación. Los siete menores fueron derivados al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes para tratamiento y resguardo, y las personas adultas reciben asistencia por parte del Centro de Asistencia a la Víctima; la coordinación interinstitucional es clave para la protección inmediata y para preservar pruebas en la causa. La imputación por trata permite solicitar medidas como prisión preventiva o medidas de protección para las víctimas, aunque la calificación definitiva dependerá de la prueba que se aporte al expediente.

¿Qué perspectiva territorial y procesal conviene observar ahora?

El hecho ocurrió a pocas cuadras del estadio del Club Atlético All Boys, en una zona de la Ciudad con mezcla de usos residenciales y talleres; la presencia de un taller clandestino en ese contexto subraya problemas de control de habilitaciones municipales y de fiscalización laboral, tareas que involucran tanto a la AGC como a áreas laborales y de inspección. Este operativo se produjo meses después de iniciada la investigación a principios de 2026 y aporta a una serie de causas en las que las denuncias al 145 y al 911 siguen siendo canales centrales de detección, pero también muestran la necesidad de respuestas administrativas más rápidas para clausurar espacios de riesgo. Desde el lente procesal insistimos en evitar especulaciones sobre móviles hasta que el expediente aporte pruebas; la prioridad debe ser el resguardo de las víctimas, la preservación de la prueba y el avance ordenado de la investigación.

Jorge Valenti