La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló una decisión impugnada y apartó al juez federal Ariel Lijo de la causa conocida como Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), por entender que sus declaraciones públicas generaron “temor de parcialidad”, según informó La Nación el 16 de abril de 2026.

Qué dijo Lijo y por qué se presentó la recusación

El 23 de septiembre pasado, durante el Encuentro Internacional Unidos contra la Trata en el Senado, el juez Ariel Lijo se refirió en público al expediente: mencionó la denominación “secta yoga”, habló de operaciones de lavado de dinero, “falsos hospitales” y de una estructura que identificó como “Botánico”. Esa intervención fue citada por las defensas para presentar una recusación alegando “fundado en el temor de parcialidad”, según consta en el expediente y en la crónica de La Nación.

La presentación había sido rechazada en octubre pasado por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña, tras lo cual las defensas llevaron el caso a casación. En su última decisión antes del apartamiento, Lijo dictó prisión preventiva para 3 de los sospechosos investigados, según fuentes judiciales citadas por La Nación.

¿Qué pasos procesales llevaron a la medida de casación?

El expediente tiene un recorrido público: la causa se conoció en agosto de 2022 cuando el juzgado ordenó 50 allanamientos y la detención de una veintena de sospechosos, según el acta de los procedimientos y la cobertura periodística del momento. En septiembre de 2023, Lijo elevó el primer tramo de la investigación a juicio; ese avance fue posteriormente objeto de nulidad parcial por pedido de las defensas, lo que obligó a revisar pruebas adicionales.

Hace aproximadamente un año, la Sala II confirmó los procesamientos sobre 17 imputados, según el expediente. Tras la recusación en trámite y el recurso de casación, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacoubucci— decidió ahora apartar al magistrado y remitir el expediente para la designación de un nuevo juez.

¿Cómo impacta la apartación del juez en la investigación?

La decisión de casación ordena que el expediente sea remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que se designe a un nuevo magistrado “con la mayor celeridad posible”, por lo que, en lo inmediato, se producirá un traslado procesal que suele implicar revisiones formales y posibles demoras administrativas, según fuentes judiciales consultadas por este medio.

Desde el punto de vista probatorio, el tribunal resaltó que las declaraciones de Lijo no fueron generales sino referidas en forma concreta a aspectos que aún estaban sometidos a investigación y decisión. Ese fundamento jurídico es el que explica el apartamiento, y no una valoración sobre el fondo de las pruebas. Observamos que, en su última actuación, Lijo había confirmado medidas restrictivas —entre ellas prisión preventiva para 3 imputados— lo que complica la transición para la defensa y la fiscalía.

Contexto, actores y próximos pasos procesales

La investigación tiene al Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal federal Carlos Stornelli y por los cotitulares de Protex, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, según el expediente. El caso incluye imputaciones por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos, y refiere explotaciones en la sede central ubicada en Villa Crespo y en otras direcciones de la Ciudad de Buenos Aires.

A la espera de que la Cámara Nacional designe un nuevo magistrado, caben recursos incidentales y posibles planteos de las partes respecto de la continuidad procesal. Manteniendo la línea editorial previa, mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final del fallo, las actas y los registros del expediente antes de evaluar alcance político o judicial. La situación procesal, según el cronograma público, se extiende desde agosto de 2022 hasta abril de 2026, con decisiones clave en septiembre de 2023 y en octubre pasado, lo que da una perspectiva temporal de poco menos de cuatro años de trámites públicos en esta investigación.