ARCA comunicó que, mediante la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, dejará de interponer recursos extraordinarios o de queja ante la Corte Suprema en las causas que impiden la aplicación del impuesto a las ganancias sobre haberes previsionales, con el objetivo de “no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, según informó La Nación.
¿Qué decidió ARCA y en qué se apoya?
La decisión formalizada en la Instrucción General 4/2026 plantea cambiar la “estrategia procesal a seguir”: desistir de recursos ya presentados que no fueron resueltos y no promover nuevos remedios federales en casos similares, salvo excepciones puntuales, de acuerdo a La Nación. ARCA fundamenta la medida en la “reiterada jurisprudencia” de la Corte Suprema, citando expresamente el fallo “García, María Isabel c/ AFIP” del 26 de marzo de 2019, en el que la Corte declaró la inconstitucionalidad del descuento del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones. En ese caso la actora tenía 79 años y la sentencia consignó que los descuentos en su haber oscilaban entre 29,33% y 31,94%, datos consignados por La Nación. La instrucción también establece pautas sobre cuándo consentir sentencias de cámaras y cuándo seguir litigando por costas u honorarios.
¿Qué implica esto para los jubilados y los procesos judiciales?
La medida promete acortar trámites para beneficiarios que reclaman la devolución de retenciones por ganancias: según La Nación, las causas por reajuste de jubilaciones constituyen alrededor del 60% de los expedientes en la Corte Suprema, por lo que una menor recurrencia desde el órgano fiscal podría reducir el flujo de causas que llegan al máximo tribunal. En la práctica, cuando un representante fiscal deje de apelar, la sentencia de instancia podrá quedar firme más rápido y facilitar la restitución de sumas ordenadas por los jueces, siempre que la parte actora haya obtenido pronunciamiento favorable en primera instancia y la cámara confirme. ARCA aclaró que la estrategia no regirá para actores sin legitimación o cuando, por circunstancias fácticas, existan posibilidades razonables de revertir el criterio en la instancia correspondiente, según La Nación.
¿Qué consecuencias administrativas y políticas cabe esperar?
Administrativamente, la instrucción busca evitar erogaciones del fisco derivadas de la continuidad del litigio y reducir la congestión en la Corte. Jurídicamente, formaliza la práctica de acomodarse a una doctrina suprema que la propia Corte ha reiterado desde 2019; entre 2019 y 2026 la Corte mantuvo el criterio que protege a jubilados en situación de vulnerabilidad, según los fallos citados por La Nación. Políticamente, la decisión podría interpretarse como una mitigación de conflictos entre organismos estatales y reclamos previsionales, pero cualquier lectura sobre impactos políticos o judiciales mayores exige verificación puntual de textos, actas y expedientes, y seguimiento de cómo aplican las cámaras federales la nueva orientación. Mantenemos cautela: exigimos verificación de textos, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.
