La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó un ‘orden de análisis’ que comprende alrededor de 500 casos y comenzó a remitir una ola de denuncias por contrabando al fuero Penal Económico, con un promedio de 15 a 20 expedientes por turno judicial, según La Nación y fuentes judiciales. Esa actividad está reanimando un fuero que había sufrido un fuerte repliegue tras la sanción de la ley de inocencia fiscal.

¿Qué está pasando en el fuero Penal Económico?

El dato central es operativo: ARCA elevó una batería de actuaciones internas —unas 500, según una fuente que conoce los detalles— y las denuncias por contrabando se sortean en la Cámara del fuero a un ritmo sostenido de 15 a 20 por turno, dijeron fuentes judiciales a La Nación. La ley de inocencia fiscal modificó los umbrales de los delitos tributarios —el diario consignó aumentos por lo menos del 3000% en ciertos mínimos— y eso dejó una masa de expedientes administrativos y penales en repliegue. En 13 días hábiles tras la sanción, una fiscalía quedó con 4 de los más de 300 casos que tenía delegados, según La Nación. ARCA, por su parte, informó que podrían extinguirse más de 4.000 causas ante pedidos de acceso público citados por Infobae. El contrabando, sin embargo, mantiene un piso bajo: 500.000 pesos para pasar de infracción a delito, según el mismo reporte.

¿Cuál es el trasfondo político y institucional?

Según la crónica publicada por La Nación, ARCA está bajo la órbita del asesor Santiago Caputo y la dinámica interna del Gobierno explica parte de los movimientos. El sector cercano a Karina Milei cuestiona la gestión de aduana y, según fuentes consultadas, busca reducir la injerencia de Caputo; la Dirección General de Aduana está en manos de Andrés Veliz, que reporta al asesor presidencial y tiene 44 años de carrera en el organismo. En paralelo, la agencia consignó una caída de la recaudación del 8,7% en el primer trimestre respecto al período anterior, según La Nación. Desde ARCA relativizan los señalamientos y sostienen que el ‘gran trabajo realizado’ responde a fiscalizaciones propias y no a ‘internas’ de gobierno. En el entorno judicial califican parte de la iniciativa como ‘saneamiento institucional’ y atribuyen el aumento de presentaciones a una nueva ‘bajada’ operativa de ARCA.

¿Qué puede resolverse ahora y qué hay que verificar?

La reactivación por contrabando puede traducirse en causas de envergadura, aunque muchas están bajo secreto de sumario y en desarrollo, según fuentes judiciales citadas por La Nación. No todos los 500 casos implicarán acusaciones penales: ‘no significa que todos vayan a ser judicializados’, indicó una fuente consultada por el diario. En lo administrativo, la ley no elimina la posibilidad de cobro: deudores que dejaron de enfrentar la amenaza penal pueden aún recibir exigencias desde los escritorios de la agencia; por ejemplo, la causa que involucra a la AFA menciona cerca de 19.000 millones de pesos impagos, según constancias citadas por La Nación, y cuestionamientos sobre la suspensión de ejecuciones fiscales. Antes de proyectar consecuencias políticas o judiciales mayores, mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final de las denuncias, las actas de fiscalización y los registros de las medidas para evaluar alcance probatorio y eventual sesgo institucional. Sin esos documentos la interpretación pública corre el riesgo de mezclar procesos penales, decisiones administrativas y discusiones internas de poder.