Argentina perdió 24.180 empresas en los primeros 26 meses de la gestión de Javier Milei, según un recuento publicado por Neuquén News. Ese número —24.180 empresas en 26 meses— se presenta como “la peor marca histórica para un inicio de gobierno” en la nota (fuente: Neuquén News). El dato obliga a pasar de la indignación a la lectura fría: ¿qué mide exactamente ese número, qué impacto tiene en el empleo formal y qué puede o debe hacer la política económica para contener la destrucción de tejido productivo?

¿Qué mide el número y por qué importa?

La cifra de 24.180 empresas provista por Neuquén News es un recuento bruto que sintetiza cierres y bajas registradas en un periodo de 26 meses desde la asunción presidencial del 10 de diciembre de 2023 (fecha de asunción: acto oficial del gobierno nacional). El dato importa porque las empresas son —en términos concretos— fuentes de empleo, pago de impuestos y proveedores de otros comercios. Perder empresas implica menos facturación en la cadena y menor recaudación fiscal. Traducido: menos empresas activas complican la recuperación del empleo formal y reducen la capacidad del Estado para financiar servicios. El número, por sí solo, no distingue entre microemprendimientos que cierran por rotación natural y empresas medianas con empleados registrados; por eso hace falta más desagregación de la fuente original para calibrar la política.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino y en tu bolsillo?

Para el bolsillo y el comerciante de la esquina, el cierre de empresas se traduce en menos competencia, menos oferta de bienes y, en muchos casos, presiones sobre precios y márgenes. Menos empresas activas suelen significar menor demanda de insumos, lo que afecta a proveedores y al empleo indirecto. Si la pérdida de 24.180 empresas incluye a pymes con empleo registrado, la consecuencia directa es más trabajadores con incertidumbre y menores aportes a la seguridad social (fuente: Neuquén News para la cifra de empresas; fecha de inicio de periodo: 10 de diciembre de 2023). Desde la lente del comerciante —la que heredé de mi viejo— una caída sostenida en la cantidad de negocios visibles en la cuadra termina traduciéndose en baja rotación, problemas con proveedores y más dificultades para pagar alquileres y sueldos. En términos macro, una ola de cierres también erosiona la base imponible y complica la consolidación fiscal necesaria para sostener servicios locales.

¿Qué debería hacerse ahora? Prioridades prácticas.

Los datos requieren respuestas concretas. Primero: acumulación de reservas por flujo y transparencia; no porque sea una consigna, sino porque reservas fuertes permiten mitigar shocks cambiarios que golpean costos e importaciones de insumos (posición editorial: apoyamos acumulación de reservas por flujo y transparencia). Segundo: medidas focalizadas de crédito y liquidez para pymes —líneas de crédito en condiciones reales de mercado, garantías y plazos largos— para evitar que problemas temporales de caja se conviertan en cierres definitivos. Tercero: protección del empleo formal mediante incentivos temporales a la contratación o reducción de cargas específicas por sectores en dificultad. Esto no es una receta mágica: exige coordinación fiscal entre Nación, provincias y municipios para que la ayuda llegue y sea sostenible. En números: 24.180 empresas en 26 meses (Neuquén News) es la alarma; la respuesta requiere combinar anclas macro con medidas micro que cuiden la base productiva y el salario.

Cerramos con un punto de método: la cifra de cierres merece verificación detallada por fuente oficial para distinguir cierres definitivos de bajas administrativas o reestructuraciones. Mientras llega esa desagregación, la prioridad es proteger empleo y liquidez en las pymes, porque detrás de cada número hay familias que llegan o no llegan a fin de mes.