La audiencia pública en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Ley de Glaciares continuó el 26 de marzo de 2026, en medio de protestas en las inmediaciones del Congreso y reclamos por falta de acceso al texto completo del proyecto, según ADNSUR.

¿Qué establece la ley vigente y qué propone cambiar?

La norma vigente es la Ley 26.639, sancionada en 2010, que fijó presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares; la ley lleva 16 años de vigencia desde su sanción (2010), según el Boletín Oficial. Los proyectos que se discutieron en la audiencia proponen, según las exposiciones oficiales, ajustar criterios técnicos y de evaluación de impacto; sin embargo, el texto consolidado y los anexos que contienen mapas y definiciones técnicas no fueron difundidos en forma completa al público, de acuerdo a asistentes y organizaciones ambientales citadas por ADNSUR. Esa ausencia de documentación impide comparar punto por punto las modificaciones propuestas con el texto de 2010, lo que motiva el reclamo de sectores ambientalistas por mayor transparencia.

¿Quiénes protestan y cuáles son sus reclamos?

Frentes sociales, organizaciones ambientales y comisiones científicas participaron de la movilización externa a la Cámara y de la inscripción para hablar en la audiencia; ADNSUR consignó tensión y protestas en las inmediaciones del Congreso el 26/3/2026. Las organizaciones reclamaron acceso inmediato al material técnico: mapas, criterios de exclusión y protocolos de intervención; solicitaron además plazos para la revisión pública. Desde el Gobierno, fuentes del oficialismo sostuvieron que la iniciativa busca “actualizar parámetros técnicos”, mientras que voceros opositores pidieron mayores garantías y la publicación de todos los anexos. La falta de difusión del proyecto es una queja repetida: por eso insistimos en la necesidad de publicación y verificación documental antes de sacar conclusiones sobre alcance y motivaciones.

¿Qué dijeron los bloques en Diputados?

El oficialismo defendió la necesidad de modernizar criterios técnicos y agilizar autorizaciones, según fuentes del bloque oficialista presentes en la audiencia. La oposición pidió que se garanticen los estándares de protección y exigió la presentación de los anexos técnicos al menos 48 horas antes de cualquier votación, según intervinientes citados durante la jornada. En paralelo, algunos legisladores recordaron otros temas de agenda económica y administrativa: este mes se consignaron iniciativas financieras y administrativas del Ejecutivo, como el lanzamiento de un instrumento de deuda y el envío de numerosos pliegos al Senado, que en un caso reciente sumaron 62 pliegos elevados por el Poder Ejecutivo (fuente: nota previa del medio). El contraste entre urgencia administrativa y demanda de transparencia técnica fue una constante en los discursos.

¿Qué sigue y por qué importa esta discusión?

Resta definir el cronograma de tratamiento parlamentario y la disponibilidad pública del texto consolidado. La audiencia pública es un requisito de procedimiento, pero la discusión legislativa avanzará en comisiones y luego en el recinto; hasta tanto no haya una versión pública y verificable del proyecto y sus anexos, mantenemos cautela: exigimos publicación y verificación documental antes de sacar conclusiones sobre impacto, alcances y eventuales excepciones. El debate tiene implicancias regionales: la Ley 26.639 regula territorios que abastecen de agua a cuencas y economías locales, por lo que cualquier cambio deberá asignar criterios técnicos claros y públicos. En este contexto, el paso siguiente es que la Cámara publique el texto completo y fije plazos de consulta técnica y social.