Funcionarios del Gobierno y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) iniciaron esta semana un diálogo con la intención de intentar destrabar la aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en agosto de 2025, con una reunión evaluada para miércoles o jueves, según pudo saber LA NACION.
¿Qué reclaman las universidades y cuánto exigen?
Las casas de altos estudios piden que la ley se aplique en los términos votados por el Congreso, lo que implica la actualización mensual de partidas y salarios por inflación y la recomposición de becas y gastos de funcionamiento; según LA NACION, las transferencias a las universidades pública registraron una caída real acumulada del 45,6% desde 2023 y los docentes y no docentes perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo desde ese año, por lo que el reclamo combina un componente salarial y uno estructural, y se expresó masivamente: LA NACION consignó que el 12 de mayo unas 120.000 personas participaron de la cuarta Marcha Federal Universitaria. El documento de la UBA citado por este medio advierte que la reducción de fondos dificulta el funcionamiento cotidiano y que la pérdida no es puntual sino acumulativa, argumento que explica por qué los rectores buscaron la vía judicial además de la política.
¿Qué propone el Gobierno y dónde están las fricciones?
El Poder Ejecutivo sostiene que no cuenta con las partidas identificadas en la ley y, en los contactos previos, propuso compensaciones que cubrirían la pérdida salarial a partir de 2025 y no desde 2023, oferta que fue rechazada por rectores y gremios, según LA NACION; además, el Ejecutivo vetó la norma inicialmente y el Congreso evitó ese veto en agosto de 2025, lo que dejó la norma en vigor pero sin aplicación efectiva. En las tratativas participan el Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, con seguimiento del ministro del Interior Diego Santilli y del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, mientras que desde el CIN la voz principal es Franco Bartolacci, según este medio, lo que evidencia que la negociación es a la vez técnica y política y que la solución depende de la disponibilidad presupuestaria que debe consensuar el Ministerio de Economía.
¿Qué puede pasar en los próximos días?
Las alternativas prácticas son tres y no se excluyen entre sí: un acuerdo político que incluya partidas excepcionales o reprogramaciones para 2025, una resolución judicial definitiva por parte de la Corte Suprema que obligue a instrumentar la norma en los términos aprobados, o la continuidad de medidas de fuerza parciales que obliguen a retrocesos o nuevos gestos políticos; la Corte tiene en sus manos el expediente luego de que el Gobierno recurriera y la medida cautelar favorable a las universidades fuera suspendida tras el ingreso del caso al máximo tribunal, según LA NACION, y no existe un plazo acotado para su definición. En ese marco, las fuentes consultadas por este medio dicen que hay ‘buena predisposición’ pero diferencias sustanciales en montos y bases de cálculo, y por eso observamos cautela: exigimos verificación de textos, actas y anexos antes de evaluar alcance político y electoral, y seguiremos el desarrollo de la reunión prevista para esta semana para verificar si el diálogo concreta cifras y plazos verificables.
