La Casa Rosada mantiene desde el 23 de abril restricciones a la tarea periodística dentro de sus dependencias, y aunque el sector se reabrió el 3 de mayo la actividad de los acreditados sigue acotada, según publicó La Nación el 16/5/2026. La Justicia desestimó la denuncia por espionaje contra dos periodistas, pero en la práctica persisten controles adicionales de ingreso, limitaciones de circulación dentro del edificio y vigilancia constante de la Casa Militar, lo que, según la nota, dificulta el trabajo cotidiano de cobertura.

¿Qué cambió en el acceso a la Casa Rosada?

Desde el cierre dispuesto el 23 de abril por la Presidencia, y la reapertura parcial el 3 de mayo, los acreditados informan procedimientos de ingreso distintos a los previos, según La Nación. El acceso para la prensa se realiza por una puerta lateral, con registro manual del DNI y del horario en planillas y un control de bolsos por un escáner similar al de aeropuertos, y la credencial debe devolverse al salir, según consta en el relato periodístico; además, el área habilitada para trabajar en el primer piso no recibe a ministros ni secretarios. También se menciona que la calefacción dejó de funcionar desde 2025, hecho que influye en las condiciones físicas de trabajo y que fue señalado por los acreditados consultados por el medio. Estas modificaciones, según la nota, fueron justificadas por la Casa Militar en cumplimiento de un reglamento interno.

¿Qué dijo la Justicia y por qué no bastó?

El juez Ariel Lijo desestimó la denuncia, al considerar que en las grabaciones “no se verificaba información que permitiera siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación” y que no se generaron condiciones para “revelar secretos”, según La Nación. Pese a esa decisión judicial, el Gobierno autorizó por ahora el reingreso de periodistas del canal implicado en la denuncia pero mantuvo restricciones para otros, según el mismo informe. Mantenemos cautela: exigimos verificación de textos, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial, porque la decisión del juez es un dato procesal y las medidas administrativas sobre la sala de prensa son actos del poder ejecutivo que se documentan por separado. En ese marco, es relevante obtener las actas de la Casa Militar y los registros de ingreso para comparar lo que declaró el Gobierno con lo que efectivamente ocurrió.

Cómo limitan la cobertura diaria

Según el relato de La Nación, la vigilancia de la Casa Militar incluye seguimiento cercano a los acreditados incluso cuando usan el celular en las áreas habilitadas, y en esos espacios no circulan funcionarios de jerarquía, lo que reduce el acceso a fuentes directas. Los cronistas deben circular por caminos delimitados con cintas para llegar al comedor y no pueden acceder al balcón ni al Patio de las Palmeras, donde antes era posible observar la llegada y salida de funcionarios; además, el control obliga a mostrar la credencial en todo momento y a entregar el DNI en al menos dos pasos distintos. Esa estructura, explican los acreditados, convierte en más lenta la verificación de datos y la obtención de declaraciones, y obliga a reporteros a trabajar desde bares cercanos o espacios alternativos. Para evaluar el impacto práctico hacen falta registros horarios y bitácoras de acceso que permitan cuantificar demoras y restricciones.

¿Qué puede pasar ahora y qué debería exigirse?

El Gobierno, a través de fuentes que ofician de puente con la sala de prensa, se comprometió a iniciar conversaciones para normalizar la situación pero no dio fechas ni precisiones, según La Nación, y por ahora solo se permitió el ingreso de cronistas de un medio específico. La decisión judicial de desestimar la denuncia es un antecedente procesal que reduce el argumento penal para las restricciones, pero las medidas administrativas pueden sostenerse en normas internas; por eso, desde este espacio editorial insistimos en la necesidad de transparencia documental: textos de las denuncias, actas de la Casa Militar y registros de acceso son datos necesarios para evaluar alcance político y judicial. Observamos que sin esos elementos concretos la evaluación pública queda incompleta; mientras tanto, mantenemos cautela y seguiremos exigiendo la verificación de registros antes de sacar conclusiones definitivas. Para contexto institucional y líneas de gestión ver la cobertura previa sobre la reunión del Presidente con asesores (https://prensalibreonline.com.ar/politica/milei-se-reunio-con-adorni-en-olivos-para-repasar-la-gestion-2026-05-16).