La investigación judicial sobre el dólar blue apunta a 34 empresas y operaciones por $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, según un relevamiento de LA NACION basado en informes semestrales del Banco Central. El expediente, a cargo del fiscal Franco Picardi y con intervención del juez Ariel Lijo, indaga un circuito que habría volcado divisas oficiales al mercado paralelo y movió, según la nota, al menos US$900 millones.
¿De qué se trata la causa?
La causa combina pesquisas sobre el mercado paralelo con sumarios internos del BCRA. En diciembre hubo allanamientos al Central y el 30 de diciembre tres jueces ordenaron allanamientos simultáneos; el 20 de marzo se realizó una segunda tanda de procedimientos, según LA NACION. El expediente menciona a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA y a financistas como Elías Piccirillo, detenido en su casa. Los investigadores también identificaron 27 agencias de cambio, tres sociedades vinculadas al comercio exterior, dos bancos y otras firmas tecnofinancieras. Según la publicación, el 91,5% de las transacciones investigadas ocurrieron en 2023; ejemplos puntuales incluyen ventas por $60.804 millones de Arg Exchange en el segundo semestre de 2023 y $59.000 millones de Mega Latina en el mismo período (LA NACION y reportes del BCRA).
¿Cómo impacta esto en tu bolsillo y en el mercado?
Traducido: si hay billetes oficiales que terminan en el mercado blue, eso agranda la brecha y afecta precios relativos. Cuando la oferta oficial de dólares se filtra al paralelo, sube la demanda de cobertura y se presiona sobre el tipo de cambio implícito que usan precios y contratos. El BCRA detectó en un sumario que Gallo Cambios entregó en billetes el 92,71% de US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023, lo que hace perder trazabilidad bancaria (documento firmado por Juan Curutchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias). Para el trabajador y el comerciante esto significa más incertidumbre en precios de importación, mayor volatilidad cambiaria y dificultades para planificar márgenes: el comerciante ve subir costos y el salario pierde poder ante la inflación. Si ganás el salario mínimo, episodios de inseguridad cambiaria se traducen en mayor presión sobre el precio de la canasta básica.
¿Qué preguntas quedan y qué medidas pedimos?
Quedan preguntas claves: quiénes fueron los beneficiarios finales, cómo se evadió la trazabilidad y por qué controles internos del BCRA no detectaron anomalías a tiempo. El sumario del Central señala transferencias en pesos a casas de cambio que no registraban operaciones de venta; eso es un indicador técnico que exige auditorías forenses. Exigimos al BCRA transparencia plena de los sumarios posibles y coordinación con la justicia para recuperar divisas si corresponde. A la vez, mantenemos nuestra posición de apoyar la acumulación de reservas por flujo y la transparencia, y pedimos medidas concretas que protejan el empleo formal y alivien la mora de los hogares mientras se esclarecen responsabilidades. Transparencia y sanciones no sólo persiguen a culpables: restauran confianza para que el mercado formal funcione y para que la llegada de reservas no quede distorsionada por atajos.
La causa puede definir políticas y controles por años. Hay datos concretos sobre volúmenes y fechas que no pueden ignorarse: US$900 millones movilizados (LA NACION), $660.127 millones reportados en ventas entre 2022 y 1S24 (BCRA según LA NACION), y ventas puntuales como los $60.804 millones de Arg Exchange en 2S23. Mientras la justicia avanza, el Central debe publicar lo que pueda sin entorpecer el proceso y el poder político debe cuidar que las sanciones no se transformen en vacíos regulatorios. En lo inmediato, pedimos medidas que combinen investigación rigurosa, recuperación de activos cuando sea viable, y políticas que protejan a los trabajadores formales y alivien la mora bancaria de los hogares afectados por la volatilidad cambiaria.
