Las investigaciones penales vinculadas a los máximos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están paralizadas desde hace más de dos meses a la espera de un fallo de la Cámara de Casación, mientras defensores intentan limitar el uso de pruebas obtenidas en Estados Unidos. Según LA NACION, los discovery suman más de 3.000 páginas y revelan transferencias que podrían señalar un desvío por alrededor de US$57 millones; además, se mencionan movimientos por casi US$400 millones en Miami.
Qué está sucediendo
Vemos una doble línea de acción: maniobras procesales en la justicia local para concentrar causas en el juzgado federal de Campana y recursos en los tribunales estadounidenses para restringir el uso de documentos. LA NACION consignó que el juez Alejandro González Charvay pidió el 9 de marzo que otros magistrados se apartaran, y que la maniobra fue impulsada por la defensa ligada a dirigentes de la AFA. En paralelo, TourProdEnter —la firma de Javier Faroni— solicitó una “protective order” ante jueces de Georgia sobre los discovery; según la nota, un magistrado autorizó esa medida sólo respecto al Synovus Bank. El panorama incluye cifras concretas: más de 3.000 páginas de material, un informe de Procelac de más de 50 páginas y la mención de 10 empresas fantasma vinculadas a las transferencias (fuente: LA NACION). Los expedientes estuvieron “en modo avión” por más de dos meses, mientras la Cámara de Casación activó un plazo de cinco días hábiles para resolver, lo que marca una comparación temporal entre inercia y urgencia procesal (LA NACION).
¿Qué riesgo representa para la investigación?
La principal amenaza procesal es que las órdenes de protección dictadas en EE. UU. terminen impidiendo el uso de los discovery en las causas penales argentinas. LA NACION explica que los documentos fueron obtenidos originalmente para una causa comercial y que la defensa sostiene ese punto como argumento para su exclusión. En Georgia ya se logró una limitación parcial, y Faroni busca ahora invalidar el valor probatorio de esos archivos en la investigación penal. Según el informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) al que accedió LA NACION, la documentación es “de notable relevancia” para reconstruir trayectorias económicas y cuentas, pero su utilización reclama autorizaciones específicas por causa. Esto explica la recomendación de Procelac de pedir cooperación internacional puntualizada —incluso por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG)— para preservar la posibilidad de incorporar esas pruebas.
¿Qué puede pasar ahora?
La decisión de la Cámara de Casación es central y, según LA NACION, se conocería antes del lunes. Hay tres escenarios básicos: que la Cámara confirme la competencia de Campana (consolidando la estrategia de los defensores), que devuelva las causas al fuero federal o que las remita al fuero Penal Económico, lo que abriría nuevas instancias y posibles demoras. Si la causa vuelve al Penal Económico, la investigación podría retomar el ritmo técnico que, según la nota, ya produjo avances en otros expedientes; si queda en Campana, los defensores apuestan a anular piezas clave. En términos concretos, los discovery incluyen más de 3.000 páginas y, según LA NACION, vinculaciones por US$57 millones y empresas pantalla, lo que subraya el impacto práctico de cualquier limitación probatoria. Además, el tiempo condiciona: pasaron 137 días desde la publicación inicial del material el 28 de diciembre hasta hoy (LA NACION), y esa demora ya pesa sobre la operativa judicial.
En este contexto mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final de los fallos, las actas y los registros judiciales antes de evaluar alcance político o judicial. La relevancia de los documentos extranjeros aparece clara en el informe de Procelac, pero su incorporación efectiva dependerá de decisiones tanto en EE. UU. como en la Cámara de Casación. Mientras tanto, sólo un expediente —el del juez Diego Amarante por evasión— avanza con ritmo sostenido, y el resto oscila entre maniobras por competencia y pedidos de tutela internacional. Seguiremos verificando actas y resoluciones para dar cuenta puntual de cada paso.
