El Gobierno autorizó este invierno un esquema más abierto para la importación y comercialización de gas natural licuado. El dato concreto: Enarsa elevó el cargo por regasificación de US$3,50 a US$5,16 por millón de BTU horas antes de una subasta del Mercado Electrónico del Gas que terminó colocando nueve cargamentos, y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) envió una carta formal de protesta, según La Nación. Este primer párrafo resume la polémica y su impacto inmediato en la planificación de grandes compradores.

¿De qué se trata el reclamo?

Vemos dos ejes claros en la carta de Ciara: el monto y la falta de previsibilidad. El aumento de US$3,50 a US$5,16 por MMBTU fue comunicado con escaso margen para evaluar su efecto económico, según La Nación y el texto remitido por Ciara. La cámara expresó que no se puede comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición se desconoce. En la subasta se colocaron nueve cargamentos, y Trafigura adquirió el equivalente a cinco de ellos, un dato que cambió la estructura prevista de absorción de volúmenes por parte de Cammesa y otros grandes compradores, según La Nación. La queja no es solo un grito corporativo: apunta a un problema de reglas de juego en la transición hacia mayor participación privada.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

La combinación de un incremento comunicado con pocas horas de anticipación y la compra concentrada de volúmenes altera la previsibilidad de abastecimiento y los costos de las industrias intensivas en energhía. Grandes sectores como aceiteras, siderúrgicas y petroquímicas planifican compras y ventas con base en supuestos de costos. Cuando un cargo logístico sube de US$3,50 a US$5,16 por MMBTU se modifica directamente el calculo de competitividad en mercado internacional, según La Nación. El Gobierno optó por financiar transitoriamente parte del mayor costo con el Tesoro y recuperar esos fondos en cuotas mediante Diferencias Diarias Acumuladas a partir del verano, una medida que evita saltos brutales en tarifas pero transfiere la carga en el tiempo, según La Nación. La volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente agrega presión, y la ausencia de reglas claras de comunicación hace más costosa la transición hacia mayor participación privada.

¿Qué debería cambiar para que no se repita?

Priorizamos transparencia y previsibilidad. Primero, el cargo por regasificación debe publicarse con detalle de su composición y con un calendario minimo de vigencia antes de cualquier subasta, para que empresas y distribuidoras puedan evaluar ofertas. Segundo, la coordinación institucional entre Enarsa, Energía y Mercados debe formalizarse por escrito para evitar comunicaciones de último minuto que obliguen a reasignar recursos financieros. Tercero, si se mantendrá el esquema de financiamiento temporal por Tesoro y recupero por DDA, el gobierno debería publicar escenarios de impacto sobre tarifas y sobre la cuenta pública. La compra concentrada de volúmenes por traders internacionales, como la adquisición de cinco cargamentos por Trafigura, obliga a revisar mecánicas de participacion para evitar distorsiones de precio. En definitiva, apoyamos la apertura ordenada, pero exigimos reglas claras que protejan a pymes, industrias exportadoras y a los usuarios del servicio.

Franco Pellegrini