COFEMA rechazó la modificación propuesta de la Ley de Bosques Nativos y elevó el dictamen al Congreso el 4 de mayo de 2026, según informó AgroPerfiles. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. La decisión reaviva el debate sobre el alcance de la ley 26.331 y su aplicación, y devuelve la discusión al ámbito legislativo nacional.

¿Qué decidió COFEMA y por qué importa?

El rechazo de COFEMA, reportado por AgroPerfiles el 4 de mayo de 2026, implica que el dictamen que proponía modificaciones no logró consenso entre las jurisdicciones presentes. La Ley 26.331, sancionada en 2007, es el marco vigente para la protección de bosques nativos y establece tres categorías de conservación (I, II y III) que determinan restricciones de uso, de acuerdo al texto legal. Diecinueve años tras la sanción de la norma, la controversia sobre su modificación vuelve a poner en primer plano la tensión entre desarrollo productivo y conservación ambiental. En este punto es clave conocer el texto que efectivamente fue sometido a votación en COFEMA y las actas que registran los argumentos de cada jurisdicción, datos que este medio pide revisar antes de sacar conclusiones.

¿Cómo impacta esto en la protección de bosques nativos?

El impacto dependerá del contenido preciso del proyecto rechazado y de las modificaciones que eventualmente presente el Congreso, por eso la exigencia de transparencia sobre el texto final. La ley 26.331 opera mediante ordenamiento territorial y la asignación de zonas según las tres categorías mencionadas, lo que condiciona autorizaciones y planes de manejo; cualquier cambio en los criterios de clasificación puede alterar permisos y controles a nivel provincial y nacional. Además, la normativa prevé fondos y mecanismos de compensación cuyo alcance se define por el texto legal y reglamentario, por lo que hay implicancias presupuestarias y administrativas que deben ser cuantificadas con las actas y los registros oficiales. Hasta que no se publiquen esos documentos, es difícil estimar efectos concretos en superficies o en regímenes de uso.

¿Qué camino seguirá en el Congreso?

Según AgroPerfiles, el dictamen fue remitido al Congreso, lo que habilita la instancia legislativa para tomar la decisión final. En términos procesales, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones competentes y eventualmente debatida en las cámaras, donde podrán introducirse reformas al texto original; ese trámite puede modificar sustancialmente el contenido que fue sometido a COFEMA. Es relevante identificar qué comisiones la recibirán y qué plazos fijan los presidentes de bloque, además de conocer si existen dictámenes alternativos de diputados o senadores. Este medio solicitará a las oficinas parlamentarias el texto elevado y las previsiones de agenda para poder dar cuenta del calendario y de los pasos administrativos concretos que siguen.

Qué falta confirmar y cuál es la postura editorial

Falta, en primer lugar, el acceso al texto que se votó en COFEMA y a las actas de la reunión del 4 de mayo de 2026, documentos que permitirán verificar supuestos y formulaciones técnicas. También es necesario conocer las posiciones firmes de las provincias involucradas y cualquier acuerdo paralelo que haya motivado el rechazo, información que debe constar en registros oficiales. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial, postura coherente con notas previas sobre el tema. Una vez disponibles esos documentos, este medio informará sobre cambios concretos en normativa, posibles impactos territoriales y los pasos legislativos previstos.