Una organización criminal que controlaba el alquiler de armas de alto poder desde dos módulos del complejo penitenciario de Batán fue imputada en Mar del Plata por delitos que incluyen asociación ilícita, tenencia y comercio de estupefacientes, y circulación ilegal de armas, según el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal y la cobertura de La Nación. La investigación, a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Mar del Plata que conduce el fiscal federal Santiago Eyherabide, arrancó en septiembre pasado y desembocó en allanamientos a mediados de abril en los que se secuestraron carabinas calibre 22 largo, escopetas 12/70 y armas de puño.
¿Cómo controlaban la red desde Batán?
Según la imputación difundida por la Fiscalía, el comando y control del grupo estaba instalado en dos módulos del penal de Batán, donde se alojaba la pareja señalada como organizadora. En la requisa ordenada durante los allanamientos los investigadores hallaron siete teléfonos celulares en la celda del cabecilla, hallazgo que la fiscalía atribuye a la infraestructura de comunicaciones utilizada para ordenar robos, usurpaciones y distribución de drogas. De acuerdo a La Nación, la pesquisa incluyó casi 15.000 horas de escuchas telefónicas sobre distintas líneas, algunas de ellas en uso dentro de dependencias carcelarias, y la Dirección de Investigación de Cibercrimen aportó peritajes sobre esos registros.
La existencia de celulares dentro de pabellones de alta seguridad expone un problema operativo: mantener control sobre el circuito de llamadas y mensajes. La fiscalía pidió medidas adicionales de vigilancia para impedir el acceso a teléfonos, y el juez federal Santiago Inchausti fijó prisión preventiva por 120 días para la mayoría de los imputados, mientras que una mujer y un menor recibieron medidas por 30 días, diferencia que la propia resolución hace explícita al justificar la proporcionalidad de las restricciones.
Lente procesal: ¿qué implica la imputación y la “ley antimafia”?
Los siete imputados fueron formalmente acusados de conformar una asociación ilícita en su modalidad de organización criminal y de cometer delitos conexos: robo agravado, tenencia ilegal y comercio de armas, y comercio de estupefacientes con fines de comercialización, según consta en el expediente citado por la Fiscalía. El fiscal Eyherabide anunció que apelará a figuras previstas en la recientemente sancionada “ley antimafia” para aumentar la expectativa de pena de los acusados, una estrategia procesal que busca agravar la calificación cuando la estructura delictiva reúne cierto grado de organización y habitualidad.
El juez Inchausti convalidó la investigación y estableció un plazo de 120 días para la instrucción, plazos que habilitan medidas probatorias como peritajes de los teléfonos incautados y análisis de las escuchas. La medida de prisión preventiva evita, en teoría, que los imputados sigan coordinando desde prisión; la fiscalía, por su parte, deberá aportar en ese plazo evidencias que sustenten la hipótesis de liderazgo desde módulos carcelarios sin vulnerar garantías procesales.
¿Qué impacto tiene esto en la seguridad local y en la política penitenciaria?
En términos territoriales, la operación confirma que el eje delictivo de la banda era Mar del Plata y que la criminalidad se articulaba desde dentro del complejo de Batán hacia el resto de la ciudad. Los allanamientos revelaron no solo armas de distinto tipo sino además hechos concretos atribuibles al grupo, como robos a mano armada, incluidos sustracciones de vehículos, según fuentes del caso citadas por La Nación. La capacidad de alquilar armas largas y distribuirlas desde un centro penitenciario representa un riesgo operativo para la seguridad local y obliga a revisar los controles sobre ingreso y uso de dispositivos comunicacionales en las unidades.
Desde la perspectiva de víctimas y de la investigación, la fiscalía sostiene que no publicará detalles que puedan afectar a damnificados ni comprometer la pesquisa. Nuestra posición editorial permanece: priorizamos la precisión procesal y la protección de las partes; difundimos hechos verificados y evitamos especulaciones sobre móviles o culpabilidades mientras la investigación siga su curso, según consta en la documentación oficial del Ministerio Público Fiscal.
