El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, no consignó ante la Oficina Anticorrupción al menos cinco propiedades en el estado de Florida verificadas en registros públicos, según LA NACION; A24 mencionó otras tres unidades, lo que elevaría a ocho el total bajo sospecha.

¿Qué se detectó en los registros?

LA NACION señala que cinco inmuebles están ubicados en el condado de Palm Beach y que los valores de las unidades oscilan entre US$140.000 y US$310.000, de acuerdo con los registros y portales inmobiliarios citados por el diario. Una de las fichas oficiales del Property Appraiser del condado indica que Frugoni adquirió el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach el 1 de julio de 2021 por US$215.000 y que la valuación fiscal para 2025 asciende a US$230.000; portales inmobiliarios estiman un valor de mercado alrededor de US$310.500, según LA NACION. La investigación periodística también identifica sociedades constituidas en Delaware en 2021 y 2025, registradas por Harvard Business Services Inc., bajo los nombres Genova LLC y Waki/Wika LLC, que según la nota habrían sido utilizadas para administrar algunas de las unidades.

La ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar una declaración jurada anual ante la Oficina Anticorrupción, consignando bienes en el país y en el exterior y la participación en sociedades, según explicó LA NACION. La omisión de bienes puede configurar el delito de omisión maliciosa, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua, según la propia nota. Además, los registros muestran una exención fiscal por US$50.500 aplicada en 2021 a una de las propiedades del condado de Palm Beach; esa exención, bajo la normativa estatal de Florida, se concede sólo a quienes declaran la vivienda como residencia principal, lo que abre preguntas sobre su uso, según LA NACION. La publicación relaciona el caso con otros funcionarios que ya afrontan cuestionamientos por bienes en el exterior, incluido un caso con cuatro propiedades valuadas por más de US$2.000.000 y una investigación federal en curso.

¿Qué preguntas quedan por responder?

Quedan varios puntos por corroborar antes de evaluar alcance político o judicial. Primero, confirmar si las propiedades o las sociedades aparecen en las declaraciones juradas de Frugoni ante la Oficina Anticorrupción y en ARCA (ex AFIP); LA NACION indica que no fueron declaradas, pero esa omisión requiere cotejo oficial. Segundo, verificar la titularidad real de las empresas en Delaware y los registros de beneficiario final —la nota cita a Harvard Business Services como agente registrador—, y tercero, precisar si se reclamaron exenciones fiscales en Florida con declaración de residencia permanente. También es relevante establecer cronologías: las sociedades aparecen en 2021 y 2025, y la compra documentada es de julio de 2021, datos que ayudan a reconstruir el flujo patrimonial, según los registros citados.

¿Cómo puede repercutir en el oficialismo?

Frugoni es responsable de Infraestructura y Transporte en la órbita del ministro Luis Caputo; la exposición pública de bienes no declarados puede derivar en sanciones administrativas y, eventualmente, en investigaciones penales si se confirma omisión maliciosa, según LA NACION. En términos políticos, el daño depende de confirmaciones documentales y de la respuesta del propio funcionario y del Ministerio: una aclaración fundada en actos registrales podría cerrar el episodio; la ausencia de pruebas o documentación oficial abre la puerta a medidas internas y a consultas judiciales. El antecedente de otros funcionarios bajo sospecha, citado por LA NACION, muestra que estas revelaciones pueden derivar en causas que permanecen años en la gestión judicial y administrativa. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.