El fiscal Franco Picardi, delegada la investigación en el juzgado de Ariel Lijo, indaga supuestas coimas de entre el 10% y el 15% para aprobar permisos de importación en el marco del SIRA, que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, según informó La Nación. La pesquisa incluye cerca de 30 allanamientos y la imputación provisoria de cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA; los montos de las operaciones vinculadas superarían los US$3,5 millones, según la misma nota.

Qué dice la investigación

Según La Nación, la causa partió de una denuncia y un pendrive que habría aportado un imputado colaborador; del material surgirían chats y capturas que, en visión del fiscal, justificaron abrir una nueva investigación. La nota menciona casi 30 allanamientos en cinco meses y la solicitud de levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil para 50 personas físicas y jurídicas. Además, se consignan nombres de empresarios y cambistas imputados y la identificación de cinco funcionarios del BCRA que entregaron teléfonos y claves, salvo una excepción. La investigación apunta a permisos que fueron efectivamente utilizados para importar, no a operaciones simuladas, y reproduce porcentajes y plazos que coinciden con publicaciones de este diario desde marzo de 2023.

¿Quiénes estarían involucrados y qué pruebas hay?

La nota de La Nación enumera a cinco empleados del área de Supervisión del BCRA: Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, y a varios empresarios y dueños de casas de cambio. El fiscal Picardi habría pedido informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al propio BCRA. Entre los elementos citados aparecen testimonios, teléfonos entregados por los imputados y un pendrive con archivos digitales, según la fuente. También se menciona la existencia de auditores externos vinculados a estudios contables que asesoraban a empresas; la investigación todavía está bajo secreto de sumario, por lo que el detalle probatorio completo no se conoce públicamente.

¿Qué implicancias judiciales y políticas tiene esto?

Si las pruebas que cita el fiscal se confirman, la causa podría escalar por la magnitud de las operaciones: La Nación recuerda que la Argentina importó casi US$75.000 millones en 2023 y que el 1% de ese volumen equivale a unos US$750 millones. En el expediente mencionado por el diario, las operaciones investigadas superarían los US$3,5 millones en cuatro casos puntuales. Judicialmente, la apertura de medidas como el levantamiento de secretos y las imputaciones a funcionarios del BCRA complican los plazos procesales; políticamente, el caso toca organismos que intervinieron en el acceso al dólar oficial durante la gestión económica de ese período. No obstante, hasta que no se conozcan actas, registros y el texto de las medidas judiciales, las consecuencias concretas permanecen por confirmar.

Resta subrayar dos puntos: primero, que buena parte de la información que compone esta nota proviene de la crónica de La Nación y del dato de que el expediente está radicado en el juzgado de Ariel Lijo con delegación fiscal en Franco Picardi; segundo, que mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. En paralelo, el avance de esta causa se inserta en un mapa más amplio de investigaciones sobre transferencias y presuntas irregularidades económicas publicadas en este medio (ver investigación sobre transferencias por más de $1.200 millones vinculadas a empresas ligadas a Toviggino: https://prensalibreonline.com.ar/politica/investigacion-vincula-transferencias-por-mas-de-1200-millone-2026-04-21). Seguiremos la causa en la medida en que se levanten los secretos y se publiquen las pruebas verificables.