Una anestesista de 34 años fue imputada y detenida tras quedar registrada el 12 de febrero en un video retirando dos ampollas de fentanilo del hospital Bernardo Houssay de Vicente López.
¿Qué muestra el video y qué pruebas pesan en la causa?
La grabación del 12 de febrero constituye, según La Nación, una de las piezas centrales: muestra a la médica presentando una receta, sellándola y firmando el llamado “triple libro” del control de estupefacientes antes de recibir dos ampollas de fentanilo. El retiro activó las alarmas internas cuando el personal comprobó que la paciente consignada en la receta no estaba internada; ese dato derivó en la búsqueda y la constatación de que la médica no estaba de guardia. Según la nota, la receta consignaba como paciente a la madre de la imputada. La médica había sido suspendida por la asociación profesional en diciembre y renunció el 9 de enero, de acuerdo con la misma fuente; esos hechos temporales (suspensión en diciembre vs. renuncia el 9 de enero) figuran en la investigación como antecedentes administrativos.
¿Qué dice la fiscalía y qué pasos procesales siguen?
La causa quedó en manos de la UFIyJ Nº15 descentralizada de Vicente López-Munro, bajo la fiscal Marcela Semeria, según las fuentes judiciales citadas. La imputación se apoyó en la filmación, en testimonios del personal de farmacia y en el registro firmado en el libro de estupefacientes. Durante la indagatoria, la acusada habría reconocido una adicción a medicamentos de uso médico, según la misma crónica. En términos procesales, con video, firma y allanamiento que produjo secuestros —según el parte policial citado—, el expediente avanza hacia audiencias de control de detención y posibles medidas cautelares. No corresponde aquí adjudicar culpabilidades; corresponde consignar que la investigación seguirá el trámite penal ordinario y que cualquier decisión sobre prisión preventiva o libertad dependerá de la valoración judicial de la prueba presentada por la fiscalía.
¿Qué problemas estructurales exhibe esto para el control de estupefacientes en hospitales?
El episodio pone en foco el funcionamiento del “triple libro” y las normas de dispensación: de acuerdo con el protocolo interno citado, los estupefacientes deben entregarse exclusivamente al profesional en mano. Pese a ello, el hecho de que se hayan retirado dos ampollas —cantidad que, según fuentes de la investigación, corresponde al uso habitual en una cirugía— y que luego se encontraran medicamentos de uso hospitalario en la vivienda de la acusada sugiere una falla operativa local. En el allanamiento en Castelar se secuestraron, de acuerdo con el reporte, ampollas de fentanilo, frascos de ketamina y otros medicamentos inyectables; la presencia de credenciales y sellos en poder de la detenida también aparece en el expediente como elemento de investigación. Estos datos obligan a revisar rastros documentales y trazabilidad interna sin anticipar conclusiones.
Conclusión: prioridad en la investigación y cautela informativa
Observamos que la causa descansa en elementos documentales y en una filmación fechada el 12 de febrero; la investigación cuenta además con registros administrativos y un allanamiento que arrojó secuestros. Priorizamos la precisión procesal: difundimos los hechos verificados y evitamos especulaciones sobre móviles o culpabilidades. En lo inmediato, la fiscalía debe completar medidas probatorias y la administración hospitalaria debería auditar controles de estupefacientes para verificar si la anomalía fue un hecho aislado o parte de una falla sistémica. La información pública debe limitarse a lo comprobado en el expediente hasta que la Fiscalía y el juez resuelvan las próximas etapas procesales.
