La diputada salteña por La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, reconoció que utilizó pasajes oficiales del Congreso para los viajes de su hijo y sostuvo: “esto no es un delito”, en declaraciones reproducidas por La Nación el 8 de abril de 2026. Según la misma crónica, la confirmación surgió tras la difusión de una foto en un aeropuerto provincial en la que se la ve abordando un vuelo junto a su hijo.
Qué dijo la diputada y qué muestra la evidencia
La declaración de Flores fue textual: “En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito”, dialogando con FM Noticias 88.1 Salta, según La Nación (8/4/2026). La nota añade que la imagen que motivó el cruce la muestra en un vuelo desde el Aeropuerto de Salta; no se detalla en el informe publicado cuántos pasajes se emitieron ni en qué fechas concretas. En su reconocimiento, la diputada agregó: “Mi hijo estudia Abogacía en Buenos Aires así que va y viene” y afirmó haberle “dado pasajes para otras cosas”. Exigimos los registros administrativos: planillas de viáticos, órdenes de emisión de pasajes y el detalle de asignaciones por fecha, documentos que la Cámara de Diputados tiene a su alcance, según los procedimientos internos.
¿Es legal usar pasajes oficiales para familiares?
La normativa citada en la nota a la que remitimos es clara en su redacción. La Ley 25.188 (“Ética en la función pública”), en su artículo 2, ordena “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares”; el decreto 1084/2024, artículo 3, refuerza la prohibición de utilizar recursos estatales para promocionar o beneficiar atributos personales o partidarios. Los viáticos oficiales están pensados para cubrir gastos estrictamente vinculados a la función legislativa, no para traslados de familiares, según la interpretación normativa que cita La Nación. Para dimensionar la cámara, la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros, lo que convierte a cualquier práctica sistemática en un asunto de interés público y de trazabilidad administrativa, según los registros oficiales de la Cámara.
Qué reclaman otros actores y qué medidas están en curso
La difusión del audio y la foto fue compartida por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade en X, quien vinculó la situación con otras causas en las que figura el jefe de Gabinete Manuel Adorni, actualmente bajo investigación judicial, según La Nación. En la misma crónica se informó que el fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba “dos días atrás”, en la causa contra Adorni; si se traslada esa metodología, las medidas habituales incluyen pedidos a Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas para determinar fechas y pagos. La investigación contra Adorni, según el informe, incluye solicitudes de informes a registros de la propiedad y a consorcios de edificios para verificar bienes no declarados; esas diligencias se solicitaron a comienzos de abril de 2026, según el expediente reseñado por el diario.
Qué sigue y cuál es la exigencia periodística
La nota pública exige más que declaraciones: solicitamos acceso a los comprobantes de emisión de pasajes, a las planillas de viáticos y a las actas administrativas vinculadas a esos viajes. Mantenemos cautela: exigimos publicación y verificación de registros, actas y peritajes antes de evaluar el alcance político o judicial. Si la documentación confirma uso de recursos para un familiar, la vía administrativa de la Cámara debería abrir sumarios internos y disponer reintegros o sanciones, conforme a la normativa de ética pública citada (Ley 25.188 y decreto 1084/2024). Hasta que esos documentos sean aportados y verificados, lo responsable es abstenerse de conclusiones definitivas y permitir que las instancias administrativas y judiciales cumplan sus roles con las pruebas correspondientemente trazadas.
