El diputado nacional Manuel Quintar está en la mira por una denuncia que lo vincula, junto a su entorno familiar y societario, con un presunto direccionamiento de prestaciones del PAMI en Jujuy hacia clínicas y empresas afines, según publicó La Nación. La causa fue presentada por Facundo Pérez Ernst y quedó radicada en la fiscalía a cargo de Federico Zurueta, que, según fuentes judiciales citadas por el mismo medio, aún no formalizó la investigación y ordenó medidas probatorias.
¿Qué se denuncia y qué pruebas se mencionan?
La denuncia, según La Nación, describe un entramado de sociedades y funcionarios provinciales que habrían facilitado habilitaciones y pagos a prestadores vinculados al diputado y a su familia. Entre los nombres figuran la Clínica Los Lapachos y la Clínica San Francisco; la última aparece con la esposa de Quintar, Natalia Castillo Aurane, como accionista y con Roque Pereyra —titular de Migraciones en Jujuy— como apoderado. El escrito también apunta al titular local del PAMI, Evaristo Bautista, y a la reactivación en 2024 de la Cooperativa de Profesionales de la Salud. La causa, según una fuente con acceso al expediente, incluye medidas “de índole económico y patrimonial” y pedidos de documentación sobre vínculos empresa-organismo (LA NACION). En 2025, beneficiarios de pensiones por discapacidad habrían sido citados a revalidar prestaciones en Los Lapachos, hecho que alimenta la sospecha de conflicto de intereses. Para contrastar, Quintar negó vínculos societarios con los funcionarios y atribuyó las acusaciones a una maniobra política.
¿Qué dicen los números sobre su patrimonio y por qué importan?
La declaración jurada citada por La Nación muestra oscilaciones relevantes en el patrimonio de Quintar: en 2023 declaró bienes por $4,1 millones y luego informó más de $252 millones durante el mismo año, impulsado por la valuación de su participación del 33% en Servicios Profesionales de Salud SRL (de $500.000 a más de $225 millones). En 2024, la DJ habría comenzado con activos por más de $511 millones y cerrado el ejercicio con $231 millones, por cambios en la valuación societaria y la salida de algunos bienes (LA NACION). Además, el vehículo que generó el foco mediático está valuado en unos US$126.000, más US$5.000 de traslado desde Miami según allegados citados por el mismo medio. Estas cifras no prueban irregularidad, pero sirven para acotar la investigación patrimonial ordenada por la fiscalía y para comparar ejercicios fiscales (2023 vs. 2024) en procura de aclarar movimientos relevantes.
¿Cómo impacta esto en la política local y en la gestión de PAMI?
En Jujuy, la mezcla de política, negocios y salud privada viene siendo motivo de disputas. Fuentes empresarias del sector mencionadas por La Nación aseguran malestar por diferencias en topes de prestaciones y la derivación de excedentes a determinados centros privados; si se confirman irregularidades, el efecto sería tanto administrativo como político. A escala nacional, el episodio llegó al círculo oficial: el presidente de la Cámara, Martín Menem, respaldó públicamente a Quintar. En paralelo, auditorías anteriores sobre prestaciones y pensiones (por ejemplo, las impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad) ya habían provocado controversias; un informe regional mencionado en la prensa reportó sobreprecios de hasta 4.239% y pagos por 18.100 millones en casos vinculados a Andis (Diario Santa Fe), dato que, si bien corresponde a otro expediente, aporta contexto sobre la sensibilidad del tema de prestaciones y contrataciones.
Qué sigue en la causa y qué pedimos como medio
Según fuentes judiciales citadas por La Nación, la investigación se encuentra en etapa previa con medidas en curso; algunas ya cumplidas y otras pendientes. La fiscalía ordenó peritajes patrimoniales y requerimientos de documentación a empresas y organismos. Desde este medio mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final de la denuncia, actas, registros de habilitaciones del PAMI y las respuestas formales de los funcionarios involucrados antes de atribuir responsabilidad política o judicial. La denuncia señala conductas que merecen investigación; el resultado dependererá de pruebas documentales y de peritajes contables que la fiscalía disponga. En tanto, las partes implicadas sostienen posiciones encontradas: la querella impulsa la investigación; Quintar y allegados la niegan y hablan de motivaciones políticas (LA NACION).
