El oficialismo obtuvo dictamen en el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto: 46 firmas respaldaron el proyecto que redefine el Régimen de Zonas Frías y limita los subsidios al gas, según el despacho de mayoría. La iniciativa propone pasar de un criterio masivo por ubicación geográfica a uno focalizado por nivel de ingresos y registros sociales, y quedó en condiciones para ser debatida en el recinto.
¿Quién pierde y quién gana con el cambio?
El despacho acota el beneficio automático en la “zona ampliada” que, según la oposición, incorporó 3.431.000 personas en 2021, cifra citada por la diputada Soledad Aznarez durante el plenario. El texto mantiene el subsidio pleno en las zonas de “efectiva severidad climática” (Patagonia, Malargüe y la Puna) y reserva el resto para hogares que acrediten vulnerabilidad a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De acuerdo al INDEC, el umbral referido incluye hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas —el despacho citó ese tope en alrededor de $4,3 millones— y contempla beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar y veteranos de Malvinas. La diputada Jimena López (UP) sostuvo que “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, cifra que el bloque opositor usa para ilustrar el impacto en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, la secretaria de Energía defendió que el Estado hoy asigna “$500.000 millones” para subsidiar consumo en regiones extensas, según su declaración en la comisión.
Detalles técnicos y mecanismo de financiamiento
El cambio central en la estructura técnica es que la bonificación automática del 50% dejaría de aplicarse sobre la factura completa y se limitaría al precio del gas en origen, según el texto del despacho. Además, el proyecto modifica el circuito de pagos: el Estado podrá compensar directamente a productores y proveedores, en lugar de hacerlo a través de distribuidoras, con el objetivo declarado de evitar mora en la cadena. El fondo que financia el régimen seguirá siendo el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y se mantendrá un recargo en las facturas del 7,5%; el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a ajustar ese recargo en un margen de hasta el 50%, según el artículo transcripto en la versión del despacho. También incluye un capítulo para regularizar deudas del mercado eléctrico mayorista y prorroga beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045. La vigencia propuesta para el nuevo esquema, si se aprueba, alcanza hasta el 31 de diciembre de 2031.
¿Qué sigue en el Congreso y cuál es el mapa político?
Con el dictamen, el oficialismo planifica llevar la iniciativa al recinto la próxima semana, dijeron fuentes parlamentarias. En el plenario participaron como informantes la secretaria de Energía María Tettamanti y el subsecretario Damián Sanfilippo; el ministro de Economía también estuvo presente en el envío del proyecto, según apuntes oficiales. La oposición —encabezada por el bloque UP en el debate— presentó un dictamen alternativo que busca sostener el régimen actual y propone además una tarifa eléctrica diferencial para el norte y mecanismos de compensación deudas con Cammesa. Gobernadores aliados al oficialismo ya manifestaron reparos: Gustavo Sáenz (Salta) advirtió sobre riesgos de abastecimiento. En la discusión pública se destacó que varios legisladores que apoyaron la ampliación de 2021 cambiaron postura; el plenario consignó nombres como los de Luis Petri y Alfredo Cornejo. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. Resta ahora la votación en Diputados y, de aprobarse, la reglamentación que determinará montos y procedimientos operativos.
