La convocatoria a una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados por parte de los 14 diputados opositores que integraron la comisión investigadora del caso $LIBRA apunta a poner en relación las últimas evidencias judiciales con el informe final que presentaron en noviembre pasado. Según La Nación, la conferencia está prevista para el lunes a las 16 y los diputados adelantaron que darán precisiones sobre “nuevas informaciones conocidas públicamente” y los pasos institucionales que consideran necesarios.
¿Qué revelan los peritajes y qué cifras importan?
El peritaje del teléfono de Mauricio Novelli, citado por La Nación, registró más de 20 llamadas y mensajes entre Novelli y los hermanos Milei en las horas previas y posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA. El análisis documental incluye una anotación que detalla un supuesto acuerdo por US$5 millones: US$1,5 millones como adelanto en tokens o efectivo; US$1,5 millones vinculados a un anuncio público; y US$2 millones condicionados a la firma de un contrato de asesoría presencial. El peritaje, que según la crónica estuvo en manos del fiscal Eduardo Taiano desde enero, coincide además con el volumen de transferencias detectadas en billeteras virtuales por expertos informáticos. Los números aparecen atribuidos en el expediente y, por ahora, la circulación pública de esa evidencia alimenta las preguntas sobre la participación política en la promoción del criptoactivo.
¿Qué dicen los diputados y qué responde el Gobierno?
Los 14 legisladores firmantes del informe final, encabezados por el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), sostienen que “$LIBRA constituye un caso de alta gravedad institucional” y que Javier Milei “utilizó la investidura presidencial”, mientras que atribuyen a Karina Milei el rol de haber facilitado instalaciones oficiales. En el comunicado, los diputados anticiparon denuncias penales contra funcionarios que rechazaron colaborar con la investigación, entre ellos Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik y Florencia Zicavo, todos mencionados en el expediente según La Nación. Desde la Casa Rosada, y según la misma fuente, no hubo declaraciones públicas de Javier Milei ni de Karina Milei hasta la fecha de la publicación, y tampoco emitió comunicado la Oficina del Presidente. En redes oficiales vinculadas a la comunicación gubernamental tampoco constaron respuestas formales al cierre de la cobertura.
¿Qué pasos siguen en la justicia y en el Congreso?
Los diputados anunciaron que explicitarán los “pasos institucionales” que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como judicial. En la práctica, eso incluye la presentación de denuncias penales y pedidos de informe a quienes fueron citados y se negaron a colaborar, según el comunicado de la comisión. En la investigación judicial, el expediente estuvo en el juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi y en la Fiscalía de Eduardo Taiano; según La Nación, el peritaje llegó al fiscal en enero, es decir aproximadamente dos meses antes de las revelaciones públicas difundidas en marzo. La comisión reclama además acceso a actas, listados y comunicados originales para contrastar las conclusiones del informe con la prueba documental. Mantenemos cautela: exigimos la publicación y verificación documental de esas actas y listados antes de sacar conclusiones sobre alcance y efectos.
Consecuencias inmediatas y escenarios probables
Si la vinculación entre los movimientos detectados en billeteras, las anotaciones en el celular de Novelli y la conducta de funcionarios se verifica documentalmente, el caso podría derivar en denuncias penales con solicitaciones de medidas cautelares y pedidos de acceso a información oficial. Hasta ahora, los datos públicos clave son: 14 diputados autores del informe (La Nación), más de 20 intercambios detectados en el peritaje (La Nación) y un presunto acuerdo por US$5 millones desglosado en el expediente (La Nación). Resta definir si la fiscalía y el juzgado habilitarán la apertura plena de la prueba a las partes del proceso y si el Congreso avanzará con pedidos de informes o medidas de comisión. Nosotros veremos los documentos: sin actas y listados verificables, la discusión pública corre el riesgo de quedar en presunciones en lugar de pruebas.
