El gobierno de Javier Milei envió al Senado pliegos que proponen al secretario del TOF 5 Juan Manuel Mejuto y a la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos, para ocupar un tribunal oral y una fiscalía respectivamente, según publicó La Nación el 25 de abril de 2026. Ambos candidatos registran antecedentes profesionales y vínculos públicos con la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.

Qué proponen los pliegos y quiénes son

Los pliegos remitidos por el Ministerio de Justicia —encabezado por Juan Bautista Mahiques, según La Nación— proponen a Mejuto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Ciudad y a María Ángeles Ramos como fiscal ante un Tribunal Oral en lo Penal Económico. Mejuto se desempeña como secretario del TOF 5 de Comodoro Py desde marzo de 2011 (más de 15 años en funciones en tribunales federales), según la nota. En abril de 2013 firmó un comunicado que respaldó la creación de la corriente Justicia Legítima, vinculación que la cobertura relaciona con dirigentes y funcionarios próximos al peronismo. Ramos, nacida en Tandil y de 48 años, obtuvo su título de abogada a los 25 y fue designada en marzo de 2017 como titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), función que ejerció durante nueve años hasta la fecha indicada por La Nación.

¿Por qué genera debate su cercanía con el kirchnerismo?

El interés público se concentra en dos ejes: antecedentes institucionales y adhesiones políticas públicas. En el caso de Mejuto, la cobertura recuerda su paso por la órbita de Gils Carbó y la firma del comunicado de 2013, donde se apoyó explícitamente la iniciativa de Justicia Legítima; ese documento reunió a fiscales, jueces y dirigentes que quedaron asociados al peronismo, según La Nación. Además, el TOF 5 en el que era secretario estuvo en foco en 2021 cuando, con votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg, se decidió el cierre de la causa Hotesur-Los Sauces sin llegar a juicio oral —dato consignado por el medio—. En paralelo, Ramos fue designada por Gils Carbó en 2017 y en 2023 actuó como testigo en la audiencia por el pedido de juicio político contra miembros de la Corte, pronunciándose sobre la interpretación del fallo 2x1; esos antecedentes explican por qué su postulación despierta cuestionamientos sobre independencia e imparcialidad. Los hechos datan de 2011, 2013, 2017, 2021 y 2023, según la fuente citada.

Qué sigue en el Senado y qué hay que verificar

Según La Nación, los nombres ingresaron en una tanda de pliegos enviada a principios de abril de 2026. El paso inmediato es el tratamiento parlamentario: comisiones, análisis de antecedentes y, eventualmente, una sesión en la Cámara alta. Antes de sacar conclusiones políticas o judiciales, exigimos la verificación de documentos formales: el texto final de los pliegos, las actas donde consten apoyos o recusaciones, y los registros de carrera y desempeño administrativo de los postulantes. También conviene cotejar decisiones previas donde tuvieron participación institucional (por ejemplo, la actuación del TOF 5 en 2021 y la trayectoria de la PCCH desde 2017), siempre con fuentes verificables. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.

La discusión que viene no es solo sobre biografías: será sobre transparencia del proceso de designación y sobre la disponibilidad pública de documentos que permitan evaluar mérito y posibles incompatibilidades. Hasta que esos papeles estén a la vista, la información que puede discutirse con rigor es la que figura en los pliegos y en las actas formales, no las conjeturas.