El Ecoparque incorporó a 37 personas con discapacidad como empleados en puestos de atención al público, en una iniciativa anunciada por la vicejefa de Gobierno y difundida por LA NACIÓN. Según la nota, el espacio recibe más de 15.000 visitantes los fines de semana y cerca de 2.000.000 por año, lo que explica la necesidad operativa que motivó la incorporación. Lo que hay que leer desde la calle es simple: es una experiencia de inclusión laboral concreta, pero a la vez es un piloto que necesita reglas claras antes de replicarse.

¿Qué pasó y por qué?

Vemos un proyecto que responde a dos problemas simultáneos: demanda de atención en el Ecoparque y una brecha laboral para personas con discapacidad. El anuncio oficial dice que la convocatoria superó las 100 personas, que 80 pasaron a una instancia inicial y que 37 terminaron siendo contratadas para cubrir siete postas de atención (LA NACIÓN). El plan estuvo orientado, sobre todo, a personas con discapacidad intelectual, un colectivo con mayores necesidades de apoyo operativo. La formación fue teórica y práctica dentro del parque y contó con articulación de organizaciones civiles como Adeei, AMIA, Cilsa y otras. Desde la perspectiva del usuario: ahora hay personal dedicado a orientar sobre recorridos, baños y tareas educativas; desde la perspectiva familiar, la contratación sostiene la posibilidad de autonomía para quienes se incorporan.

¿Cuánto pesa esto en cifras?

Los números ayudan a dimensionar: 37 contratados en un único predio que recibe cerca de 2 millones de visitas anuales (LA NACIÓN). En la Ciudad, la nota cita que viven más de 300.000 personas con discapacidad y que solo el 15,7% accede a empleo formal, según estadísticas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el anuncio recuerda que, cuando se habla de discapacidades intelectuales, apenas el 5% tiene empleo estable. El proceso de formación duró cuatro meses (noviembre a febrero) y se realizó en el marco de la Ley de Promoción del Empleo a través de Prácticas Formativas de la Ciudad, que permite acompañamiento estatal de hasta seis meses. Esa diferencia temporal —4 meses de formación versus 6 meses de acompañamiento subsidiado— es clave para entender la transición entre práctica y empleo efectivo.

¿Se puede replicar esto en otros espacios?

La réplica suena plausible pero no automática. El gobierno porteño propone extender la experiencia a otros organismos y al sector privado, y señala que «no requiere grandes adaptaciones»; nosotros vemos que sí exige detalles: cuánto cuesta cada plaza, quién asume el acompañamiento terapéutico, cómo se articulan convenios laborales y qué pasa cuando termina el incentivo estatal. El modelo del Ecoparque incluyó apoyo de al menos ocho organizaciones sociales y una selección con más de 100 postulantes; esos recursos humanos y esa red de apoyo serán imprescindibles para escalar. Además, hay que definir métricas: tasa de retención a 6 y 12 meses, porcentaje de pases a contratos permanentes y evaluación de satisfacción de usuarios. Sin esos números públicos, la promesa de replicabilidad queda en buena voluntad más que en plan verificable.

Alternativas para hoy: qué hacer y dónde reclamar

Si vas a visitar el Ecoparque o si sos familiar de alguien interesado, hay pasos prácticos. Pedimos al Gobierno de la Ciudad que publique el presupuesto destinado a estas 37 plazas, las modalidades contractuales y las evaluaciones de desempeño; esos datos deberían estar en la Subsecretaría de Discapacidad o en la web del Ecoparque. También recomendamos que las familias y organizaciones pidan informes sobre la articulación con equipos terapéuticos y sobre la transición al empleo formal al término del acompañamiento. Por último, para que esto deje de ser un anuncio aislado, exigimos transparencia en recursos, plazos y resultados: sin esos datos no hay forma de verificar que la inclusión laboral deje de ser ocasional y pase a ser política pública replicable y sustentable.

Lo que se sabe hasta ahora: 37 contratados, convocatoria de más de 100 personas, formación de cuatro meses y marco legal de prácticas formativas que contempla hasta seis meses de acompañamiento (LA NACIÓN; estadísticas oficiales de la Ciudad). Seguiremos la evolución del plan y pediremos los números que permitan verificar su impacto real.