Estados Unidos deportó 442.637 personas en el año fiscal 2025 (octubre 2024-septiembre 2025), según informó La Nación a partir del informe de justificación presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Lo que se sabe hasta ahora: el número representa un aumento de aproximadamente 171.000 deportaciones respecto al año fiscal anterior, pero solo 166.939 de los deportados tenían condenas penales, es decir el 38% del total, según el mismo documento.
¿Qué dicen los números?
Para ubicarse: los 442.637 deportados corresponden al periodo fiscal 2025 y vienen del informe que el DHS remitió al Congreso, reproducido por La Nación. Esa cifra es 171.000 mayor que la registrada en el año fiscal anterior, según La Nación, lo que muestra un impulso operativo. El informe también detalla que la población diaria promedio en centros de detención finalizó en 48.706 personas, un aumento del 29% respecto al año fiscal 2024, de acuerdo al DHS. Además, el gobierno ha elevado su objetivo anual a 500.000 expulsiones focalizadas en delincuentes, y plantea un objetivo de ocupación en centros de hasta 99.000 personas. Estas metas y cifras son las que el presupuesto busca justificar ante el Congreso.
¿A quiénes deportan realmente?
Según el informe citado por La Nación, solo 166.939 deportados tenían condenas o enfrentaban cargos penales, lo que representa el 38% del total de deportaciones en 2025 (base: deportaciones FY2025). Es decir, 62% de las expulsiones incluyeron personas sin condenas penales. Datos independientes citados en la nota, de DeportationData.org, muestran que al comparar los seis meses anteriores a la toma de posesión con enero de 2026, las detenciones de personas sin condenas se multiplicaron por 8,7; las detenciones de personas con condenas por delitos no violentos se duplicaron; y las detenciones por delitos violentos aumentaron 37% (fuente: DeportationData.org, según La Nación). También se reporta que el gobierno ofrece un bono de hasta US$2.600 por autodeportarse; ese mecanismo y sus confusiones aparecen en el informe y en comunicados del DHS.
Debate público y logística en EEUU
Lo que vemos en la discusión pública es una tensión entre metas políticas y capacidad operativa. El informe que cita La Nación muestra un aumento de la actividad: 442.637 deportaciones y 48.706 detenidos en promedio diario, pero también evidencia que la política no se limita a ‘lo peor de lo peor’, como repite la Administración. Encuestas, según la nota, indican desaprobación ciudadana por las redadas y condiciones en centros de detención. Por otra parte, el DHS difundió comunicados que hablan de más de dos millones de autodeportaciones, cifra que no figura como estadística consolidada en el informe presupuestario. Desde el punto de vista presupuestario, el documento dirigido al Congreso busca justificar el aumento de recursos para ICE y CBP; la operación masiva implica costos crecientes y objetivos de ocupación que rondan el doble de la población actual en centros, si se cumple la meta de 99.000.
¿Cómo nos afecta en Argentina y la región?
En Argentina y la región conviene leer estos números con atención. Primero, porque flujos migratorios y políticas de retorno en Estados Unidos afectan rutas y presiones fronterizas en América Latina: un aumento en deportaciones puede derivar en mayores repatriaciones y en demanda de cooperación consular. Segundo, muchos argentinos y familiares de residentes en EEUU observan cambios en el trato y en la posibilidad de apelar procesos migratorios; 62% de las deportaciones sin antecedentes, según La Nación, subraya que la dimensión administrativa pesa tanto como la penal. Para la política exterior, esto implica potenciales solicitudes consulares y necesidad de coordinación con el DHS y embajadas. Finalmente, debemos evitar conclusiones apresuradas: adoptamos una postura prudente y nos guiamos por las cifras oficiales y fuentes citadas por La Nación y el propio DHS, sin especular sobre intenciones más allá de los datos.
Sofía Santamarina
