El 20 de mayo de 2026, El Diario de Carlos Paz informó que el Congreso puso en revisión leyes calificadas como “extravagantes”, abriendo un debate sobre qué merece quedar en el código y qué debe salir (El Diario de Carlos Paz, 20/05/2026). Esta nota no trata de la anécdota judicial o del chiste de sobremesa: trata de un proceso legislativo con actores formales, plazos y costos institucionales que requieren reglas del juego claras.

¿Qué significa que una ley sea “extravagante” y quién decide?

Llamamos “extravagante” a una norma que parece desconectada de la realidad actual, pero la etiqueta no puede ser la única guía. En el Congreso participan 257 diputados y 72 senadores, y cualquier ajuste de textos exige acuerdos entre cámaras (Congreso de la Nación, estructura institucional). Además, Argentina está federalizada: hay 24 jurisdicciones (23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) cuyas legislaciones locales pueden entrar en tensión con cambios nacionales (Ministerio del Interior). El detalle que lo cambia todo: sin criterios técnicos y una lista pública, la eliminación de una norma puede producir vacíos regulatorios inadvertidos y disputas de competencias.

¿Qué normas están en la mira y cómo se decide la prioridad?

El artículo de referencia no publica un inventario cerrado; eso es parte del problema. Para priorizar hace falta un catastro: qué leyes no se aplican, cuáles tienen sanciones obsoletas, y cuáles generan litigios repetidos. Vemos que el debate llega justo antes de una ola de proyectos que entraron al Congreso a fines de mayo: por ejemplo, el Ejecutivo remitió proyectos como el de lobby y el denominado Súper RIGI el 29/05/2026, nueve días después de la nota que encendió la discusión (Gobierno, envíos al Congreso). Esa comparación temporal —20/05/2026 vs 29/05/2026— nos recuerda que la revisión de “lo extravagante” no ocurre en el vacío: compite por agenda con reformas estructurales.

La anécdota del decreto viejo o de la prohibición local que hace reír tiene su reverso práctico: normas mal interpretadas afectan trámites, inversiones y derechos. Cuando la ley es ambigua o contradictoria, el costo administrativo sube y los ciudadanos enfrentan incertidumbre. Por eso pedimos datos: un inventario público, métricas de uso y un diagnóstico de impacto económico y social antes de proponer la supresión. No alcanza con la voluntad política; hace falta documentación. Además, en un país con 24 jurisdicciones la armonización exige mecanismos de coordinación y consulta que eviten que un cambio en Buenos Aires genere problemas en una provincia del interior.

¿Cómo debería proceder el Congreso para no convertir la limpieza en vandalismo legislativo?

Primero, reglas claras: un listado público y rastreable de normas propuestas para derogación, con indicación de quién las propuso y por qué. Segundo, datos abiertos: estadísticas de aplicación, número de expedientes vinculados y evaluaciones de impacto social y económico antes de cualquier borrado. Tercero, plazos y audiencias: abrir la discusión a municipios, colegios profesionales y universidades para captar efectos locales. Estas medidas responden a una exigencia de transparencia que hemos sostenido en notas previas: la calidad de la ley depende de procesos accesibles y verificables. Si no hay datos, lo que queda es una limpieza simbólica que puede crear más problemas de los que resuelve.

Lo que nadie cuenta es que este pulido del código no es un ejercicio de estética legislativa; es una oportunidad para modernizar el andamiaje legal con criterios técnicos y participación. Si el Congreso decide avanzar, que lo haga con el mismo rigor con el que juzga los proyectos que afectan el presupuesto: con inventario público, datos y diálogo federal.

Camila Goldberg