El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) puso en marcha la “Campaña 2026 – La Perla” para continuar la búsqueda de restos en la zona conocida como Loma de Torito, dentro de la Reserva Natural Militar de La Calera. Según informó el EAAF, el área delimitada para esta intervención abarca tres hectáreas y los trabajos preliminares comenzaron el viernes con acondicionamiento de accesos y limpieza del terreno; la etapa de excavaciones principales está prevista para iniciar el 4 de mayo de 2026.
¿Qué se busca ahora en La Perla?
La intervención apunta a localizar y recuperar restos óseos que puedan corresponder a personas desaparecidas durante la última dictadura militar. De acuerdo al Archivo Provincial de la Memoria, La Perla funcionó como centro clandestino entre mediados de 1976 y finales de 1978 y por allí habrían pasado unas 2.500 personas. El EAAF ya delimitó un sector de tres hectáreas contiguo a la zona intervenida entre septiembre y noviembre de 2025, y trabajará en conjunto con el Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.
Los trabajos combinarán prospección arqueológica y excavación controlada. Según el calendario oficial, las tareas en terreno se extenderán hasta fines de septiembre de 2026 y contarán con apoyo logístico provincial y municipal. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.
Hallazgos previos: ¿qué se confirmó en 2025 y 2026?
Las excavaciones realizadas entre septiembre y noviembre de 2025 permitieron hallar fragmentos óseos que, tras estudios forenses, llevaron a la identificación de 12 personas en marzo de 2026, según informó LA NACION citando al juez interviniente y al EAAF. Entre los identificados figuran nombres que fueron notificados previamente a sus familias, según las fuentes judiciales. Esos resultados motivaron la ampliación de las zonas a explorar y justifican la nueva campaña sobre Loma de Torito.
Los hallazgos previos combinan datos arqueológicos, antropológicos y genéticos. El juzgado federal N°3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, lleva la investigación y recibió fondos para estas tareas. Para la comunidad de familiares, cada identificación tiene consecuencias prácticas: notificación, posibilidad de inhumación y avance en causas judiciales.
Procedimiento, financiación y responsabilidades
El operativo fue dispuesto por el Juzgado Federal N°3 y, según comunicó el EAAF, el financiamiento está asegurado mediante fondos canalizados al juzgado a través del Consejo de la Magistratura de la Nación. Además, participan el Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, lo que combina capacidades científicas y periciales locales y nacionales. El gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba aportaron apoyo logístico y recursos, según las mismas fuentes.
Las tareas de campo incluyen apertura de cuadrículas, excavaciones estratigráficas y análisis de laboratorio; cada etapa exige registro documental que luego se incorpora a las causas judiciales. Por eso, es central que los informes y actas estén completos: sin documentación probatoria no pueden traducirse hallazgos en decisiones judiciales. Reiteramos la cautela: antes de extraer implicancias políticas o judiciales pedimos la verificación de textos finales y registros.
¿Qué sigue para las familias y la Justicia?
Las familias esperan resultados que permitan cerrar procesos de búsqueda y avanzar con las identificaciones formales. En marzo de 2026 la Justicia publicó 12 identidades asociadas a hallazgos de la campaña 2025; el nuevo operativo prolongará la posibilidad de nuevas identificaciones y aportará material probatorio para las causas en curso. El cronograma oficial prevé trabajo hasta fines de septiembre de 2026, pero la duración efectiva dependerá de los resultados en campo y la disponibilidad de recursos técnicos y humanos.
Desde el punto de vista procesal, cada recuperación requiere cadena de custodia y peritajes forenses. Según el juzgado interviniente, las notificaciones a familiares y la incorporación de pruebas al expediente serán gestionadas conforme al protocolo vigente. Mantener la documentación y la transparencia técnica es clave para que las evidencias puedan tener valor judicial y jurídico.
