Un jurado federal determinó que Live Nation y Ticketmaster incurrieron en prácticas monopólicas, y ahora el juez deberá decidir sanciones y posibles remedios estructurales; 33 estados habrían solicitado 700 millones de dólares como parte del reclamo, según La Nación. Lo que se sabe hasta ahora: el veredicto fue emitido por un jurado de nueve miembros y se basa en acciones iniciadas por el Departamento de Justicia y 39 estados en 2024, de acuerdo a la misma fuente.

¿Qué dijo el fallo y qué podría cambiar?

Vemos que el veredicto es claro en cuanto a responsabilidad, pero la discusión práctica empieza ahora. El juez federal de distrito de Nueva York tendrá que decidir monto y medidas: entre las opciones figuran indemnizaciones y la escisión de las compañías, una solución que piden diversos actores según La Nación. El monto pedido por 33 estados —700 millones de dólares según La Nación— es una cifra indicativa de la escala del reclamo, pero no determina remedios estructurales. Para ubicarse: la acción que desembocó en este juicio se remonta a denuncias que en 2024 incluyeron al Departamento de Justicia y 39 estados, según La Nación. Cualquier sanción que modifique la integración vertical entre productora y ticketera podría cambiar el modelo de comisiones y reventa en el mercado de espectáculos.

¿Por qué artistas y fans llevan décadas en pie de guerra?

La historia muestra que esto no es nuevo. Pearl Jam presentó un memorándum ante la División Antimonopolio del Departamento de Justicia el 6 de mayo de 1994 cuando Ticketmaster ya dominaba el mercado, según La Nación; casi 32 años después el tema reaparece en tribunales. Hubo también denuncias periodísticas: Billboard publicó en 2019 que Live Nation habría desviado unos 88.000 tickets a sitios de reventa antes de su salida al público, según el informe citado por La Nación. Las quejas se repiten sobre cargos adicionales: en los 90 Pearl Jam discutía porcentajes de servicio del orden del 10% sobre el precio de la entrada (10% del valor nominal, según La Nación) frente a montos fijos que alteraban el precio final. Artistas como The Cure, Neil Young o Zach Bryan denunciaron en distintas épocas tarifas, cargos ocultos y precios dinámicos que encarecieron el acceso al público.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

En Argentina el debate llega por dos vías: como consumidoras y consumidores de shows internacionales y por la presencia global de las productoras. Lo que observamos es que medidas que afecten la integración vertical o limiten prácticas de reventa en Estados Unidos suelen ser replicadas por reguladores y por cambios comerciales que terminan trasladándose a mercados exportadores de giras. Además, episodios como el colapso de ventas del tramo del Eras Tour en 2022 generaron cambios regulatorios en estados como Michigan y Minnesota, donde se impulsaron normas llamadas Ley Taylor Swift, según La Nación; son dos ejemplos de iniciativas locales frente a fallas de la venta online. Para el público argentino la consecuencia más directa podría ser la aparición de alternativas de venta y mayor transparencia en cargos, siempre que las medidas judiciales o legislativas obliguen a prácticas distintas a la actual concentración.

¿Qué conviene observar ahora?

Vemos tres focos a seguir: primero, la decisión judicial sobre remedios estructurales —si se ordena separar negocios o imponer límites comerciales—; segundo, la magnitud de la indemnización que fije el juez frente al pedido de 700 millones de dólares por parte de algunos demandantes, según La Nación; tercero, la reacción del mercado: si se abren competidores en la venta de tickets o si se consolidan herramientas antiprevenda y control de bots. Para el lector en Argentina, la pregunta práctica es si estos cambios mejorarán la oferta y bajarán los costos finales de las entradas. No hay certezas todavía, pero el fallo marca un punto de inflexión después de décadas de reclamos de artistas y consumidores.

Sofía Santamarina