El Gobierno designó a Diego Coste como veedor en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), menos de una semana después de la renuncia de Agustín Ortiz de Marco, según informó LA NACION el 15/4/2026. Coste es abogado especializado en derecho societario, y su nombramiento se suma al del contador Miguel Pappacena; en total fueron designados dos veedores para la AFA, según la misma fuente. La veeduría fue dispuesta en marzo y tiene un plazo de 180 días, de acuerdo con la resolución ministerial citada por LA NACION. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.
¿Qué cambió en la AFA y por qué?
La intervención en grado de veeduría fue ordenada tras una solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ) y se fundamentó en irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la AFA, según la resolución ministerial mencionada por LA NACION. El objetivo declarado es investigar las cuentas de la entidad, las transferencias y el papel de una universidad cuya participación no llegó a instrumentarse. La medida, dispuesta en marzo de 2026, tendrá una duración de 180 días (resolución ministerial, según LA NACION). El régimen de veeduría implica elaborar un informe y reforzar controles de legalidad sin asumir la gestión de la conducción de la institución, según fuentes del Ministerio de Justicia citadas por LA NACION.
¿Qué pasó con la renuncia previa y qué significó?
Agustín Ortiz de Marco renunció al cargo antes de asumir, después de haber sido citado para comenzar la tarea. LA NACION informó que Ortiz de Marco fue citado en dos oportunidades, y que su designación había sido anterior al cambio de autoridades en el ministerio. En la trastienda se mencionó una falta de contactos previos, según allegados al letrado; desde el Ministerio señalaron, por su parte, que existieron intentos formales de ubicarlo y aportaron registros de contactos a los que LA NACION accedió. El cambio se produjo en un lapso breve: la renuncia y la nueva designación ocurrieron en menos de una semana, según la cronología publicada por ese diario (LA NACION, 15/4/2026). Cerca del exfuncionario mencionado, se atribuye la salida a razones prácticas; en el Ministerio niegan que sea señal de falta de apoyo político.
¿Qué sigue para la investigación y qué preguntas quedan abiertas?
La veeduría de 180 días comenzará a producir un informe que, por statuto, debe centrarse en aspectos registrales y de legalidad. La IGJ es el organismo de control competente en asociaciones y fue quien impulsó la medida, según la resolución citada por LA NACION. Resta definir el alcance efectivo del acceso a documentación financiera y a transferencias internacionales; también será relevante comprobar si el informe se publica íntegramente o sólo en partes. Desde lo periodístico, pedimos que se publiquen los actos administrativos y las actas de las reuniones que habilitaron la designación: sin esos documentos no se puede valorar el eventual alcance político o judicial de la medida. Reiteramos la necesidad de verificar el texto final de la resolución, los registros de notificación y las actas que respalden las gestiones, tal como sostuvimos en notas anteriores sobre procesos de control institucional.
