El Gobierno remitió al Congreso el 21 de abril de 2026 un proyecto de reforma electoral que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), según informó La Brújula 24. El envío formal del texto abrió el debate público y parlamentar sobre el calendario electoral y el diseño de las candidaturas para los próximos comicios. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.
Contexto y alcance del proyecto
Según la nota original de La Brújula 24, el Ejecutivo formalizó el envío del proyecto el 21/04/2026. La iniciativa propone dejar sin efecto el régimen de internas obligatorias que rige desde la sanción de la ley en 2009 —Ley 26.571— y que se aplicó por primera vez en 2011, de acuerdo al Boletín Oficial. El cambio no solo afecta la mecánica de selección de candidatos sino también requisitos de inscripción de alianzas y plazos para la oficialización de listas, según fuentes legislativas citadas por el portal. Para que la reforma entre en vigor debe ser sancionada por ambas cámaras del Congreso, donde la Cámara de Diputados cuenta con 257 miembros y el Senado con 72 senadores, según los registros oficiales del Congreso de la Nación. El texto final y las actas de comisión serán decisivos para precisar alcances técnicos y excepciones.
¿Qué cambia para los votantes?
Si el proyecto se sanciona tal cual fue presentado, los ciudadanos dejarían de votar en las PASO como etapa obligatoria del proceso electoral, y las candidaturas pasarían a definirse por internas partidarias no obligatorias o por acuerdo de listas cerradas, según el texto que circula en la prensa. La eliminación de las PASO modifica plazos administrativos: hoy la calendarización fija hitos como la presentación de listas y la oficialización que se hacen con meses de antelación; sin PASO, esos plazos quedarían sujetos a nuevas definiciones de calendario por parte del poder político y la Cámara Nacional Electoral. En términos prácticos la novedad afecta a millones de electores que participaron en las primarias desde 2011; por ejemplo, la modalidad vigente funcionó de forma continua durante 15 años desde su primera aplicación en 2011 hasta 2026, según el Boletín Oficial y estadísticas electorales publicadas por la Cámara Nacional Electoral.
Reacciones políticas y tiempos en el Congreso
Las primeras reacciones que difunden medios y voceros parlamentarios muestran posiciones previsibles: el oficialismo promueve la iniciativa como simplificación del esquema electoral, mientras la oposición la califica de cambio estructural que requiere mayor debate. La tramitación parlamentaria precisa pasos en comisiones y votaciones en ambas cámaras: la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados y la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado suelen ser los primeros foros. Según los plazos reglamentarios del propio Congreso, un proyecto puede insumir desde semanas hasta meses en comisiones si hay pedidos de informes, citaciones a expertos o dictámenes con firma multipartidaria. Las mayorías requeridas no varían respecto a otras leyes ordinarias; la discusión política incluirá además la definición de la fecha de entrada en vigencia, que condicionará si el cambio alcanza o no al calendario electoral inmediato.
Consecuencias posibles y próximos pasos
En lo inmediato, lo relevante es obtener el texto definitivo y las actas de las sesiones y comisiones que tramiten la iniciativa; solo con esos documentos se podrá verificar alcances operativos y excepciones, por lo que reiteramos: mantenemos cautela y exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. En materia práctica, la supresión de las PASO puede reducir costos administrativos del proceso electoral pero también concentrar la decisión interna en dirigencias partidarias o listas cerradas, según advierten analistas políticos citados por medios. El calendario legislativo y los tiempos del Ejecutivo para convocar elecciones definirán si la reforma tiene efecto en el próximo turno electoral. Resta que el proyecto entre a comisión, que se conozcan las firmas que lo acompañan en ambas cámaras y que se publiquen los informes técnicos de la Cámara Nacional Electoral.
