El Gobierno remitió al Congreso, el 29 de mayo de 2026, un proyecto de ley que modifica el régimen de sociedades, según la nota publicada por diariopopular.com.ar. Hasta el momento no hemos tenido acceso al texto íntegro a través del sitio del Congreso ni a las actas que detallen artículos concretos; por eso mantenemos cautela y reclamamos la publicación del proyecto y de los anexos para calibrar su alcance.
¿Qué ocurrió y qué información está verificada?
La remisión del proyecto al Congreso quedó registrada el 29/05/2026, según la fuente citada. El envío formal implica que la iniciativa será recepcionada por la Cámara de Diputados y girada a las comisiones competentes para su estudio. La Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros, cifra institucional que determina quórums y mayorías necesarias para dictámenes y debates (según la Honorable Cámara de Diputados de la Nación). No se han difundido aún el texto completo ni los anexos técnicos que permitan evaluar, artículo por artículo, cambios sobre formas societarias, régimen de responsabilidad o disposiciones de gobierno corporativo.
¿Qué contiene y qué falta verificar?
La nota original informa el envío del proyecto pero no transcribe el articulado. Sin el texto no es posible confirmar cambios puntuales: redacción de cláusulas de control, exigencias de auditoría externa, reglas sobre capital mínimo o disposiciones sobre sociedades extranjeras. Por esa razón, exigimos acceso al expediente y a las actas de remisión para cotejar versiones. El trámite parlamentario implicará, por regla práctica, que el proyecto sea girado a comisiones técnicas —pero los detalles sobre plazos y dictámenes dependerán de la agenda que fije la Presidencia de la Cámara. El hecho objetivo es claro: la iniciativa ya está en el Congreso; lo incierto es su letra fina y sus eventuales impactos regulatorios y fiscales.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
Sin el articulado no se pueden cuantificar costos de cumplimiento ni estimar cambios en la constitución de empresas. Lo que sí puede adelantarse es que cualquier modificación profunda a la Ley de Sociedades afectará a dos grupos: las empresas constituidas bajo la normativa actual y los asesores legales y contables que tendrán que adaptar estatutos y prácticas. El Senado está compuesto por 72 miembros, dato relevante porque eventuales modificaciones que avancen en Diputados deberán pasar por la Cámara alta (según el Honorable Senado de la Nación). Además, conviene recordar que el proyecto llegó el mismo día que otra iniciativa enviada por el Gobierno —un proyecto de ley de lobby— lo que sugiere una batería normativa simultánea que el Congreso deberá ordenar y priorizar (ver nota sobre la ley de lobby enviada el 29/05/2026: https://prensalibreonline.com.ar/politica/el-gobierno-envio-al-congreso-un-proyecto-de-ley-de-lobby-co-2026-05-29).
Qué debe exigir el Congreso antes de avanzar
El control parlamentario exige tres elementos mínimos: primero, la publicación íntegra del proyecto y sus anexos técnicos; segundo, comparecencias públicas de los equipos técnicos del Poder Ejecutivo y de expertos independientes; tercero, plazos razonables para el dictamen que permitan consultas al sector privado y a reguladores (como la Inspección General de Justicia, cuando corresponda). El Congreso debería, además, ordenar la discusión para evitar solapamientos con otras iniciativas normativas que se presentaron simultáneamente. Reiteramos: no se puede evaluar impacto político, económico o judicial sin cotejar la versión oficial del articulado y las actas de remisión. Nuestro llamado es a la transparencia del expediente y a que las comisiones informen a la sociedad los cambios propuestos.
Consecuencias previsibles y próximos pasos
A corto plazo, la agenda inmediata será administrativa: publicación del texto, asignación a comisiones y solicitud de informes a organismos técnicos. A mediano plazo, si el proyecto introduce requisitos de mayor fiscalización o transparencia societaria, habrá costos de adaptación para empresas y mayor demanda de profesionales (abogados, contadores, auditores). A más largo plazo, según el contenido final, podrán abrirse discusiones sobre efectos en la inversión y en la estructura societaria local, pero esas conclusiones requieren la verificación del texto. Mantendremos la exigencia de acceso a documentos oficiales antes de cualquier evaluación definitiva.
