El Ministerio de Economía dejó sin efecto el concurso público internacional para contratar la consultoría integral del Programa de Ciudadanía por Inversión, según publicó La Nación el 15/4/2026. La resolución lleva la firma de Luis Caputo y se formalizó el mismo día en que se conoció el dato de inflación de marzo y un día antes de una reunión prevista con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.

¿Qué ocurrió concretamente?

La suspensión del llamado se comunicó tras un proceso de evaluación que, según La Nación, había recibido 11 ofertas en la apertura de sobres (enero de 2026) y confirmó formalmente seis. El consorcio Asesorías Legal Advisor presentó la oferta más baja por US$50.000, mientras que Ancova Associates cotizó hasta US$100.000.000, de acuerdo al mismo informe periodístico. El servicio proyectado tenía un plazo de cuatro años o un límite de 5.000 informes técnicos recomendando aprobaciones de ciudadanías, con posibilidad de prorrogar por un año adicional (según La Nación). Los decretos que habilitaron la norma corresponden a 524/2025 y 366/2025, que modificaron la Ley de Ciudadanía 346 y crearon la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

La suspensión cambia el mapa inmediato de señales hacia inversores interesados en movilidad de ciudadanía. En términos concretos, la medida posterga la contratación de una consultoría que la administración estimó necesaria para operacionalizar un programa cuya aprobación normativa se inició a mediados de 2025 (decretos 524/2025 y 366/2025). El freno llega en una semana económica agitada: la resolución coincidió con la publicación del dato de inflación de marzo —calificado por Presidencia como “malo”— y precede a la búsqueda de un desembolso del FMI por US$1.000 millones, según La Nación. Desde el punto de vista fiscal, la agencia propuesta imputaría sus gastos a la partida del Ministerio de Economía, lo que obliga a evaluar montos y plazos antes de estimar impacto presupuestario.

¿Qué motivó la suspensión?

Según el dictamen de la Secretaría Legal y Administrativa citado por La Nación, aunque había un dictamen de evaluación de ofertas, persistían «divergencias relevantes en cuanto a los enfoques propuestos» y dudas sobre la adecuación de las propuestas a los objetivos públicos. El comité evaluador, a principios de marzo, había recomendado adjudicar a Asesorías Legal Advisor y admitido también la oferta de Henley & Partners, pero cuatro ofertas fueron desestimadas por incumplimientos técnicos, administrativos o fallas en garantías. El informe técnico final señaló que mantener el procedimiento en las condiciones actuales podría no asegurar la coherencia e integralidad operativa necesaria, razón por la cual aconsejaron una reevaluación del proceso (según La Nación).

¿Qué sigue y por qué importa?

La resolución determina una pausa administrativa y habilita una reevaluación de pertinencia operativa. En la práctica, las opciones son reabrir los pliegos, modificar condiciones técnicas o volver a licitar. El plazo original de la consultoría (cuatro años y hasta 5.000 informes) y las cifras de las ofertas (US$50.000 a US$100.000.000) muestran la amplitud de alternativas en juego y por qué la Secretaría Legal optó por cautela. Para la política económica la decisión es relevante por dos motivos: el programa busca atraer inversión mediante naturalizaciones y el giro temporal coincide con una negociación con el FMI sobre una revisión que busca destrabar un desembolso de US$1.000 millones (según La Nación). Antes de sacar conclusiones políticas o judiciales, insistimos en la necesidad de ver los textos finales, las actas y los registros administrativos: sin esos documentos no es posible evaluar alcance ni responsabilidades con precisión.