El Gobierno publicará los pliegos para licitar la obra “AMBA I”, un paquete que incluye más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión y nuevas estaciones transformadoras, con un costo estimado entre US$700 y US$800 millones y una garantía parcial del BID por US$200 millones, según La Nación (24/5/2026). El punto central es que la empresa adjudicataria podrá empezar a recuperar la inversión mediante cobros parciales en la factura —en el componente de transporte— a medida que avance la construcción.

¿Qué anunció el Gobierno?

Se trata de un esquema de concesión en el que el privado financia, construye, opera y mantiene la obra durante al menos 15 años, con un plazo de ejecución previsto de alrededor de 52 meses y un período de repago estimado en siete años después de la puesta en marcha parcial o total (La Nación, 24/5/2026). El proyecto forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico y busca atender cuellos de botella que afectan al Área Metropolitana, que concentra cerca del 40% del consumo eléctrico del país, según la Secretaría de Energía citada por La Nación. La decisión modifica esquemas anteriores —como la idea de un cargo fijo en boletas conocida como “estampillado”— y apuesta por atraer inversores privados mediante incentivos de cobro por hitos.

¿Cómo impacta esto en la factura de luz?

La novedad práctica es que los ingresos para el adjudicatario se incorporarían en el componente de transporte de la boleta eléctrica: es decir, los usuarios del AMBA podrían ver un aumento asociado a la expansión de la red antes de la finalización total del proyecto (La Nación, 24/5/2026). El plan propone que el repago ocurra por tramos a medida que se completen hitos de construcción; la intención oficial es mejorar el perfil de financiamiento para atraer capital privado, ante el riesgo de tasas altas si el cobro se dejara para el final. Para poner números: el proyecto demandará entre US$700 y US$800 millones y el BID aporta una garantía parcial de US$200 millones (La Nación, 24/5/2026). Si bien la propuesta busca acelerar obras que podrían reducir la frecuencia de cortes en picos de demanda —la red no tuvo expansiones relevantes en más de una década, según el mismo despacho—, implica trasladar parte del costo al usuario en un momento anterior a la mejora efectiva del servicio.

¿Por qué proponen cobrar por tramos y qué riesgos tiene?

El argumento técnico y financiero es simple: reducir el costo y la incertidumbre que enfrentan los inversores cuando deben esperar años para recuperar su inversión. En la práctica, cobrar por hitos busca bajar la tasa efectiva del financiamiento y acelerar la llegada de capital privado frente a antecedentes de congelamientos tarifarios y cambios regulatorios que encarecen el crédito (La Nación, 24/5/2026). Sin embargo, los riesgos son claros: 1) transferencia de riesgo al usuario si los hitos se remuneran sin sanciones fuertes por incumplimientos; 2) potenciales costos financieros mayores si los hitos no se supervisan con transparencia; 3) dependencia de garantías parciales (US$200 millones del BID) frente a un proyecto valuado en US$700-800 millones. Además, la concesión por 15 años condiciona el mantenimiento y la regulación a medio plazo. Exigimos transparencia total sobre plazos, cláusulas de repago, tarifas proyectadas y mecanismos de control público para no repetir problemas de obras donde el costo corrió por cuenta de la gente.

Alternativas para hoy y a quién reclamar

Si vas a salir: esto no cambia el servicio de inmediato, pero conviene estar atento a las próximas boletas y a la publicación de los pliegos la semana que viene, según lo previsto (La Nación, 24/5/2026). Para reclamar o pedir información: seguir la publicación de pliegos en el Boletín Oficial y las comunicaciones de la Secretaría de Energía; presentar consultas formales ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y solicitar carpetas técnicas y modelos de impacto tarifario. Alternativas técnicas complementarias que el Gobierno también anunció incluyen la licitación de generación térmica modular para nodos críticos y un programa de almacenamiento con baterías que busca incorporar hasta 700 MW de reserva (según el plan citado por La Nación). Por ahora: pedimos claridad en números, plazos y garantías, y exigimos que cualquier esquema de cobro por tramos vaya acompañado de mecanismos públicos de control y de reparación para usuarios si los hitos no se cumplen.

— Luciana Bianco