El juez federal Alejo Ramos Padilla levantó la medida cautelar que obligaba a la Jefatura de Gabinete a reasignar fondos para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), tras la transferencia por $590.000.000 realizada por la administración nacional, según consta en la resolución y reportó La Nación. La cautelar había sido dictada para asegurar la continuidad de peritajes y la preservación de muestras biológicas vinculadas a causas por apropiación de menores durante la última dictadura.

Qué resolvió la justicia y por qué

La medida cautelar fue dictada el 14 de mayo a pedido de los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, quienes alertaron sobre un “ahogo presupuestario” que podía afectar la función del BNDG como auxiliar de la Justicia, según la presentación fiscal y la resolución del juzgado. Ramos Padilla ordenó entonces que la Jefatura de Gabinete dispusiera “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para evitar la paralización de peritajes y preservar la cadena de custodia. El levantamiento de la cautelar se produjo el 27 de mayo, 13 días después de la orden inicial, luego de que la administración transfiriera los $590 millones que figuran en la resolución y que La Nación consignó en su cobertura.

¿Alcanza el monto para garantizar el funcionamiento?

Los fiscales advirtieron que la ley de Presupuesto aprobada incluía solo el 55,96% del monto que el BNDG consideraba necesario para 2026, según la presentación fiscal citada por los intervinientes. Ese porcentaje fue el argumento central para pedir la cautelar: sin recursos suficientes podrían interrumpirse tareas de limpieza, vigilancia, mantenimiento y tratamiento de residuos patológicos, todas necesarias para peritajes genéticos fiables. Con los $590 millones transferidos, el juez consideró superada la urgencia; sin embargo, fuentes del organismo indicaron que la evaluación de suficiencia presupuestaria requiere el detalle de ejecuciones y transferencias, información que no siempre está disponible en forma pública. En rigor, la solvencia operativa dependerá ahora de plazos de ejecución y de partidas destinadas a mantenimiento versus insumos técnicos.

¿Qué dicen las partes?

La Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, ejecutó la compensación presupuestaria que motivó el levantamiento de la cautelar, según la resolución judicial. Los fiscales Parenti y Miranda sostuvieron en su presentación que la eventual demora de peritajes podría comprometer obligaciones internacionales en materia de investigación y juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo había denunciado públicamente un “peligro de parálisis” y aportó cifras: según la organización, el BNDG cuenta con alrededor de 32.000 muestras ingresadas y más de 1.000 perfiles genéticos de familiares, datos que la propia agrupación difundió antes del dictado de la cautelar. Al momento del levantamiento, Abuelas no se había expedido formalmente sobre la transferencia, según la cobertura periodística.

Consecuencias y próximos pasos

El levantamiento de la cautelar atenúa la urgencia inmediata para el funcionamiento del BNDG, pero deja abiertas preguntas administrativas y políticas. Los fiscales habían pedido además la intervención del Poder Legislativo para revertir la crisis presupuestaria; esa vía sigue siendo una posibilidad institucional si se considera necesario asegurar financiamiento sostenido. En términos procesales, la continuación de peritajes depende de la preservación de la cadena de custodia y de condiciones de laboratorio, aspectos técnicos que el juez señaló como prioritarios en la resolución. Mantendremos cautela sobre el alcance político o judicial de esta solución: exigimos verificación de textos, actas y registros antes de evaluar efectos más amplios, tal como lo indicamos en posiciones previas.