El Instituto de Oncología Ángel Roffo sale a buscar fondos para cubrir lo básico: el acelerador de radioterapia está apagado desde mayo de 2025 y su reemplazo se calcula en US$2 millones, informó La Nación el 23/4/2026. Esta nota no es un pedido de caridad puntual: es la señal visible de un problema mayor que mezcla obsolescencia tecnológica, deudas de financiadores y falta de inversión pública sostenida.

¿Qué está en riesgo en el Roffo?

El detalle que lo pinta todo: la máquina de radioterapia que trabajó durante 10 años tiene una vida útil media de 3 años, según el propio informe de la institución reproducido por La Nación. El equipo está fuera de servicio desde mayo de 2025 y reparar lo que se puede costaría unos US$400.000, frente a los US$2 millones que valdría un reemplazo completo, según la misma fuente. Además, el instituto necesita actualizaciones de software de equipos como la braquiterapia que cuestan alrededor de $8 millones por año, y tiene pendiente un dispositivo dermatológico desde hace cinco años.

Esos números no son abstractos: impactan pruebas, diagnósticos y turnos. El Roffo atiende 110.000 pacientes por año y, en el hospital de día, entre 60 y 70 personas reciben quimioterapia cada jornada, de acuerdo a La Nación. Si la capacidad tecnológica se cae, las demoras y los traslados a otras instituciones aumentan, con costos clínicos y sociales difíciles de medir.

¿Quién paga y por qué falta dinero?

El modelo de financiamiento del Roffo mezcla transferencias del Estado para su funcionamiento, recuperos por prestaciones a obras sociales y convenios con provincias o municipios. La Secretaría de Educación de la Nación transfiere fondos al Rectorado para hospitales universitarios, pero esos recursos solo alcanzan para sueldos y servicios básicos, reportó La Nación. El instituto calcula que necesita entre $1.000 y $1.500 millones por mes para sostener prestaciones; al mismo tiempo, solo tres obras sociales adeudan unos $2.100 millones.

Esos $2.100 millones representan entre 1,4 y 2,1 meses de funcionamiento si tomamos el rango mensual de necesidades referido por la institución, un desfase que explica por qué se postergan compras y mantenciones. La distribución de pacientes también complica el flujo: 52% son afiliados al PAMI, 18% a IOMA y 20% no tienen cobertura, según La Nación. Cuando los financiadores demoran, la institución asume servicios que luego no recupera o los recupera con auditorías y trámites que llevan tiempo.

¿Qué soluciones pedir y a quién exigir cuentas?

Lo primero es transparencia. Exigimos datos públicos y desagregados sobre transferencias, recuperos y deudas, porque sin números no hay política sanitaria. Pedimos que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación publiquen el detalle de fondos destinados a hospitales universitarios y que las obras sociales informen cronogramas de pago y motivos de deuda. El Roffo menciona a IOMA con un adeudo de $1.400 millones y a otros gremios con $700 millones; esos montos deben verificarse en las cuentas públicas.

En lo operativo, hace falta una combinación: transferencia extraordinaria para reemplazo crítico del acelerador, líneas de crédito blandas para equipamiento y un plan de pagos con las obras sociales que incluya sanciones o mediación. También son imprescindibles procesos de compra pública ágiles para repuestos y contratos de mantenimiento a largo plazo.

Cierre

Lo que nadie cuenta es que detrás de la gala y las donaciones está la precariedad de un servicio esencial para miles de pacientes. El Roffo es centro escuela de referencia regional y sus problemas son un termómetro del sistema. Exigimos que las autoridades rindan cuentas con cifras claras, que las obras sociales paguen lo adeudado y que el Estado garantice la continuidad de tratamientos que no admiten parches temporales. Sin datos públicos y medidas concretas, las promesas de buena voluntad no alcanzan para sostener la oncología pública que sigue atendiendo, a pesar de todo, a quienes más la necesitan.