El oficialismo abrirá el recinto de la Cámara de Diputados el miércoles para intentar convertir en ley la reforma a la normativa sobre glaciares, que busca limitar la protección periglaciar y habilitar actividades mineras en zonas hoy protegidas, según informó La Nación el 5/4/2026. La iniciativa ya obtuvo media sanción del Senado, y la Casa Rosada apunta a dictaminarla en plenario de comisiones antes de la sesión. En paralelo, la maquinaria política se tensiona por las preguntas sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete y la investigación judicial sobre la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente y a su hermana, según reportes judiciales citados por la prensa.

¿Qué implica la reforma de la ley de glaciares?

La propuesta reduce el alcance de la protección ambiental al distinguir entre el área periglaciar y las “geoformas periglaciales” que tengan una función hídrica comprobable; en la práctica, no todo el terreno actualmente protegido seguiría bajo la misma tutela, según La Nación (5/4/2026). La ley vigente es la 26.639, sancionada en 2010; hace 16 años que rige ese marco legal, que protege glaciares visibles y cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca. Además, el proyecto propone que la actualización del inventario glaciar quede a cargo de la autoridad jurisdiccional provincial en base a estudios técnicos-científicos, en lugar del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), actualmente responsable del inventario. Organizaciones socioambientales ya adelantaron que impugnarán la reforma ante la Justicia por considerar que afecta los “presupuestos mínimos” de protección ambiental previstos en la Constitución, según comunicados públicos citados por la nota.

¿Cómo impacta esto en provincias y actividad minera?

El governo busca el respaldo de provincias con interés minero: La Nación identifica a gobernadores de San Juan, Catamarca, Jujuy, Mendoza y Salta como impulsores del cambio. El mismo artículo señala que, según un sondeo informal, el oficialismo conseguiría “más de 130 voluntades” en la Cámara baja junto a aliados de Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales (La Nación, 5/4/2026). Ese número, si se confirmara en la sesión, basta para la sanción en Diputados. La lógica regional puede quebrar alineamientos partidarios tradicionales: diputados de distritos cordilleranos podrían priorizar intereses productivos por sobre la disciplina de bloque. El Gobierno propone audiencias y la presencia de funcionarios provinciales en el plenario para legitimar el proceso; fuentes oficiales sostienen que la intervención técnica y el criterio hídrico serán determinantes. Si la ley prospera, quedará abierta la vía de recursos judiciales y demandas por supuesta inconstitucionalidad, lo que alargará el conflicto más allá del Congreso.

¿La oposición puede complicar la sanción por el caso Adorni y $LIBRA?

La oposición trabaja una estrategia para incomodar al oficialismo en la sesión: según La Nación, intentará impulsar una interpelación al jefe de Gabinete, medida que requiere mayoría simple y puede aprovechar ausencias para conformarla. El clima político está marcado por las dudas sobre el incremento patrimonial de Manuel Adorni y por la causa que investiga el supuesto auge y caída de $LIBRA, donde se pidieron indagatorias a Javier Milei y a su hermana, según esta casa (ver: https://prensalibreonline.com.ar/politica/piden-indagatoria-a-javier-milei-y-a-su-hermana-en-la-causa—2026-04-06). La correlación de fuerzas, de acuerdo con el reporte de prensa, favorece por ahora al oficialismo en el trámite legislativo; no obstante, si la Justicia aporta nuevas pruebas sobre viajes, departamentos o gastos, la presión política puede intensificarse.

Mantenemos cautela editorial: exigimos la publicación y verificación de actos administrativos, peritajes y actas antes de evaluar alcance político o judicial de las denuncias. Esa precaución vale tanto para el examen de las acusaciones contra funcionarios como para evaluar los efectos reales de la reforma sobre el régimen de protección ambiental. En la agenda del Congreso también figuran 62 pliegos judiciales y ascensos militares que el oficialismo procura tramitar, lo que demuestra que la semana legislativa combina decisiones de fondo con maniobras de gestión parlamentaria (La Nación, 5/4/2026). Seguiremos registrando votaciones, ausencias y actas públicas para contrastar lo declarado con lo votado.